Enrique Gómez Arnas
Seguimos estando, desde la Transición, en una democracia vigilada.
Las élites, que llevan gobernando este país desde hace cientos de años, han ido adaptándose a las necesidades políticas del momento, las más de las veces, forzadas por las circunstancias o por la presión popular.
La llegada de la República, con lo que supuso de esperanza para la ciudadanía, fue algo que esas élites no aceptaron nunca, y eso que los avances sociales traídos por este nuevo régimen fueron, en el mejor de los casos, realmente tímidos.
Con todo quienes siempre habían gobernado los destinos de este país la tumbaron y bañaron en sangre toda la geografía española para aplastar, definitivamente, las aspiraciones de liberación popular.
En el tardofranquismo, un príncipe con un título creado ad hoc para él por el dictador, iba a servir para cumplir la promesa hecha a los monárquicos por los militares en 1936: la vuelta de la monarquía borbónica, eso sí, cuarenta años después.
«… treinta y dos años después de la muerte del dictador, entró en vigor el 28 del 12 de 2007 la ley “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil la dictadura”…»
El nuevo jefe del Estado, sucesor de Franco, juró por los principios del Movimiento Nacional y la legitimidad del 18 de julio y, mientras, el aparato del Régimen, con su ministro secretario general del Movimiento al frente, comenzó a mover los hilos para que, con algunos cambios puramente nominativos, nos convirtiéramos o mutáramos de una dictadura a una monarquía parlamentaria, obviamente anulando cualquier exigencia de justicia de las víctimas del franquismo.
Lo más parecido al «apoyo mutuo» que ofrece una democracia burguesa es una ley con contenido de «discriminación positiva». Pues bien, treinta y dos años después de la muerte del dictador, entró en vigor el 28 del 12 de 2007 la ley «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil la dictadura». Como se puede ver, ya en su enunciado, se trata de una ley «ecuménica» que pretendía, para ser aceptada socialmente, tratar a todas las víctimas por igual, ya lo fueran de la dictadura o por parte de los defensores de la República; es decir, ni siquiera cumplía con el propósito igualatorio que han de tener las leyes auténticamente democráticas: equilibrar mediante el ya citado mecanismo de la «discriminación positiva». Los defensores de la República, el primer régimen democrático de la historia de nuestro país, pasaban a ser reos de alta traición a la «patria» para el nuevo régimen, después, a ser perseguidos durante decenios por seguir luchando por la vuelta a un mínimo sistema de libertades y, finalmente, primero anulado su derecho a la Justicia por la ley de punto final que fue la Ley preconstitucional de Amnistía y después equiparados en responsabilidades y derechos al resarcimiento con sus verdugos por la Ley Zapatero.
¿Cómo pretendió solucionar esta inaceptable herencia la democracia, con el PSOE más «izquierdista» como ejecutor? Con una ley que volvía a equiparar a víctimas y victimarios. Solucionar una injusticia así era una necesidad social que vino a ser remedada por varias leyes autonómicas de memoria, como las de Navarra, Cataluña, País Vasco, la aragonesa de 2018, etc.; más tarde, la ley 20/2022 ya, por fin, llamada de «memoria democrática», salió adelante por el giro a la izquierda al que se vio obligado el PSOE por sus socios de coalición. Esta es una ley que contempla el derecho a la justicia de los miles de españoles que fueron víctimas del franquismo y contempla la creación de una dirección general y de una fiscalía de memoria democrática.
¿Cuál es el problema? Que mientras siga en vigor una ley, que los partidos mayoritarios (incluyendo al PSOE) se niegan a derogar ni a modificar, cuál es la ley de amnistía de 1977, los jueces se inhiben ante cualquier caso que les presente la flamante fiscalía.
«Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del Franquismo siguen pendientes en nuestro país»
Además, en el tema administrativo, la penalización por exhibir públicamente símbolos franquistas que ofenden a las víctimas del franquismo, que también contempla la ley, como hemos podido comprobar, tampoco se está cumpliendo.
Para comenzar a asimilar el pasado traumático reciente de este Estado, hay que hacer verdaderas políticas de memoria, pues si no nunca se va a superar. Será, como ya es, una rémora que marcará a esta democracia (salida de las entrañas del régimen de Franco) como una mutación y un lavado de cara que sigue asumiendo el relato histórico de la dictadura.
Condena parlamentaria del régimen franquista, creación de una Comisión de la Verdad y cumplimiento de las directrices recuperadoras de la memoria de los asesinados en forma de verdaderas leyes de memoria antifascista, si no se hace así, seguiremos solo con grandes hitos y proclamas, pero sin solucionar el problema de la inexistencia de una verdadera ley de Memoria antifascista que sigue teniendo este país. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del Franquismo siguen pendientes en nuestro país.
Todavía tenemos que recuperar los cuerpos de miles de asesinados que siguen en las cunetas de la ignominia; investigar el paradero de toda la ciudadanía hecha desaparecer por los golpistas haciendo llegar a los familiares sus biografías y su actualización en los registros civiles; enseñar en los institutos la verdadera historia reciente en nuestro país, haciendo hincapié en el papel del fascismo en el genocidio español, para que la juventud sepa lo que hace cuando alegremente les vota hoy en día; devolver los bienes robados mediante los juicios‐farsa franquistas y las injustas sanciones administrativas del régimen; la investigación y devolución de sus verdaderas identidades a miles de «bebes robados» que siguen sin saber quiénes son ante la indiferencia de las autoridades; unificar y dar acceso a la ciudadanía a los archivos que afectan a la guerra y al franquismo; hacer desaparecer totalmente todo vestigio físico referente al régimen totalitario; perseguir a torturadores y asesinos eliminando esa vergonzosa Ley de Punto Final que sigue vigente, la Ley de Amnistía; anular los juicios franquistas y revertir todos los efectos negativos que aún persisten sobre la ciudadanía…
Es tanto lo que hay que hacer que se podría afirmar sin ninguna duda que es mucho menos lo que se ha hecho que lo que queda aún pendiente.
Para que una democracia, aunque sea del tipo que tenemos en nuestro país, no puede llevar ese nombre con unas bases tan poco sólidas, no se puede construir sobre el barro, unos cimientos medianamente sólidos exigen de una vez por todas esa Verdad, Justicia y Reparación a las que no se está respondiendo desde las autoridades.
Tenemos aún mucho barro en ésta sociedad y nos negamos a admitirlo, esperemos que los lodos que sin duda vendrán no nos inmovilicen a todos.
Redes Libertarias 