Agustín Carreras Zalamaen
Archivero (jubilado) de la Administración General del Estado
La Iglesia Católica, cuyo reino no es de este mundo, se ha empeñado, in illo tempore, en cuidar muy bien los documentos que supuestamente acreditan el título de propiedad de sus bienes terrenales. Los campesinos de la Edad Media, o de la Época Moderna y Contemporánea, tanto da, pretendían demostrar que tales propiedades de uso común (esto es, los llamados bienes de propios) eran desde siempre de la comunidad. Nada o muy poco podían hacer, pues, ante los tribunales quien tenía las escrituras podía demostrar la propiedad de tierras, bosques, ríos, casas o cualquier otro tipo de pertenencias. Es más, en ocasiones esos documentos eran más falsos que el alma de Judas Iscariote. El documento podía estar escrito en papel, por poner un ejemplo, cuando, en realidad al ser el original custodiado en el archivo de un dominio monástico, debería estar escrito en pergamino, que era el soporte del momento; los términos jurídicos no se correspondían con el período de elaboración del texto; o el lenguaje adoptado no era el propio del tiempo histórico en el que supuestamente fue redactado.
Hoy en día, la Iglesia sigue beneficiándose de las propiedades terrenales a través de las llamadas inmatriculaciones, que no son otra cosa que las inscripciones en el Registro de la Propiedad de aquellos bienes de los que no existe constancia de quién es el auténtico propietario. De ahí que la Mezquita de Córdoba pasase a posesión de la mundana Iglesia por tan solo 30 €. Cada tiempo tiene para los poderosos sus artimañas, triquiñuelas y martingalas.
A título de anécdota, puedo comentar que un investigador amigo mío me refirió que en una ocasión se dirigió al archivo diocesano de una ciudad castellana. Él pretendía hacer un trabajo sobre el papel en la República y en la Guerra Civil de los sindicatos católicos, cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX, con la creación de organizaciones como los Círculos Católicos en España en 1879 (por ejemplo, en Valladolid, estos Círculos estuvieron en plena actividad hasta fechas muy recientes), movimiento éste que se consolidó tras la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII en 1891. El archivero diocesano le preguntó abiertamente «si el trabajo era a favor o en contra», porque de ser en contra, no le dejaría hacer uso de la documentación. Estos mal llamados sindicatos católicos, surgidos como respuesta burguesa al sindicalismo de clase, se encuentran custodiados en los archivos de los obispados que, aunque subvencionados por el Estado, no son de fácil acceso público, como así debería de ser.
En otro orden de cosas, y durante muchos años, he de añadir que, como empleado público, he trabajado con mucha satisfacción en diferentes archivos estatales. Tengo la suerte de considerarme una persona especialmente afortunada con su profesión. Estoy seguro de que son muchos los compañeros que sienten lo mismo.
Para el Ministerio de Defensa son de vital importancia las hojas de servicios de los oficiales de los tres ejércitos. Existen hojas de servicio del siglo XVIII en el Archivo General de Simancas. Tanta importancia se da a dichos documentos que por un convenio entre el Ministerio de Cultura y el de Defensa éstos se describieron y digitalizaron. La casta militar se afana en conocer los orígenes remotos de los suyos. Lo que yo percibí es que, por ejemplo, la documentación incautada a la frugal II República por los fascistas que se alzaron contra ella, en la llamada Cruzada de Liberación Nacional, no siempre ha tenido el debido interés. Aun así, han sido muchos los trabajos que tienen su origen en los centros documentales militares, haciendo uso, paradójicamente en muchos casos, como fuente principal, de las propias fuentes de la Dictadura. Así, podemos destacar los estudios sobre campos de concentración, de la represión durante y después de la Guerra Civil, de las Brigadas Internacionales, de la sanidad militar, de la propaganda de guerra, de las milicias falangistas y/o del Requeté carlista, milicias de los sindicatos de clase (véase, por ejemplo, las brigadas mixtas), etcétera. Mucha confianza mostró nuestro singular sistema democrático (el llamado Régimen del 78) en dejar que la documentación roja estuviese en manos de quienes, en algunos casos, se vanagloriaban de haber sido arte y parte de la derrota republicana.
Los archivos históricos y administrativos del Ministerio de Cultura, como en infinidad de organismos de la Administración General del Estado, están dirigidos por esas buenas familias de toda la vida que no acaban de extinguirse nunca, aunque algunos de sus miembros fueran del PCE, o incluso por ello, durante la llamada Transición Democrática (o periodo lampedusiano por excelencia en la historia patria, en el «que todo cambió para seguir igual»). Enlazando con ello, hago mío la historieta de Forges en el que uno de sus marianillos exhibe en una pancarta con aquello de «Franquismo, dimisión». Eso, por un lado, por otro están todos aquellos que, aun siendo una minoría, quisieron ser profesores universitarios y no les quedó otra que ser archiveros. Pobrecitos míos, que vida tan terrible.
No deja de ser llamativo que los socialistas, cuando por turno les toca el poder, no renueven a nadie de los puestos políticos del sistema archivístico de la Administración General del Estado: subdirectores generales, coordinadores, etc., se mantienen en sus cargos sin ningún problema. En otro orden de cosas, a los puestos de directores de los centros documentales se accede por el sistema de libre designación, es decir, por afinidad.
Si algo he sacado en claro en mis últimos años de servicio en la corte madrileña (paraíso fiscal por excelencia y capital del centralismo españolista) ha sido que ciertos archivos ministeriales están en manos de franquistas del PP o de Vox (tanto da), con una apatía total (en el mejor de los casos) por la llamada Ley de Memoria Histórica o la ulterior Ley de Memoria Democrática (cuando no claramente opuestos a las mismas). Los archivos penitenciarios o policiales de la monarquía alfonsina, de la dictadura primorriverista (tan importante para el movimiento libertario, pues éste fue objeto de numerosas persecuciones), de la II Dictadura y de la nueva restauración monárquica de Juan Carlos I, deben estar al servicio del ciudadano. De lo contrario, ¿de qué tipo de democracia estaríamos hablando? La pregunta no deja de ser retórica, pues conocemos, demasiado bien, el tipo de democracia con la que contamos.
La interpretación torticera y restringida de las leyes, por muy ambiguas que estas sean (y en eso los del PSOE son maestros de llevar a cabo auténticos galimatías), la burocratización absurda e inaceptable, los tiempos escandalosos (hasta varios años) en la entrega de los documentos solicitados, en ocasiones, de carácter personal o familiar, debe llegar a su fin. La protección de los victimarios (torturadores o represores) no puede ser la excusa de la ralentización administrativa. Es simplemente vergonzoso. No se puede privar a los historiadores del uso de la documentación aplicando barreras y cortapisas de todo tipo, pues con ello, y con criterios claramente políticos, se los priva, a ellos y a todos, de la transparencia y de la verdad de la que tanto se vanaglorian.
A todos nos consta que un importante volumen de documentación ha sido destruido, bien porque su contenido no interesaba que saliera a la luz pública, o que no se le dio la debida importancia en su momento. Como es notorio, aquellos que han ostentado el poder han sido siempre muy celosos en hacer desaparecer documentación que los involucraba en el terrorismo de estado o en las componendas económicas, impidiéndose así la elaboración de futuros estudios históricos.
En este mismo sentido, recientemente el profesor Gutmaro Gómez Bravo,1 denunciaba que no había podido acceder al expediente de su abuelo, que se encuentra en el Archivo General del Ministerio del Interior, pues la demora para atender su solicitud ha sido de muchos años. En su caso dicho expediente daba un giro radical al primer borrador del texto que pretendía publicar.
Durante mucho tiempo he sido empleado público y sé, como todos, que el Estado responde a criterios políticos. No, no es un ente imparcial, apolítico. De entrada, mientras que muchos creíamos que estábamos prestando un servicio a la ciudadanía, otros decían estar trabajando para los propios dirigentes. Las leyes de aplicación para los archivos no son anodinas. Y no solo me refiero a las estatales, sino también a las autonómicas, provinciales o municipales. Inconscientemente, o no, se tiende a dar una mayor importancia a una legislación que a otra, o a una parte de esta que a todo el conjunto.
Los sindicatos llamados del régimen, conscientes de ello, tienen sus propios centros y fundaciones. Así, existe la Fundación Largo Caballero de la UGT, o la Fundación 1º De Mayo de CC. OO. Esto no quita para que este último sindicato haya depositado en archivos públicos, tanto estatales como autonómicos su documentación (este sería el caso de CC. OO. en Castilla y León). Por cierto, me pregunto dónde se encontrarán los fondos de la CSUT, SU, USO, STE, AMPE y otros.
En modo alguno, debemos permitir que nos escriban nuestra propia Historia
En general, a la hora de realizar un trabajo, sea del periodo histórico que sea, el historiador social recurre de modo prioritario a las fuentes escritas. Vaya por delante que no pensamos, como lo hacían los historiadores positivistas, que todo está en el documento. Nada más lejos. Los documentos han sido previamente seleccionados por el organismo (sea el estado o un sindicato). El propio historiador también los elige, pues, a veces, algunos no le convienen para mantener sus tesis. Ahora bien, aunque no se puede hacer historia sin documentos escritos, ni que decir tiene que, también, son muy importantes los testimonios orales, que deben custodiarse en soportes ad hoc que permitan su conservación y consulta, la prensa, la literatura, el cine, o cualquier otra evidencia que ayude en la construcción del relato histórico. En modo alguno, debemos permitir que nos escriban nuestra propia Historia.
Siempre se ha dicho que allí donde se juntaban dos anarquistas, surgía un periódico. También nacían numerosas bibliotecas y los archivos de la organización donde se custodiaban los documentos de los comités de empresa, de las federaciones por rama u oficio, las Actas de los Congresos, …
La CNT, si bien tiene el grueso de sus fondos, especialmente los producidos entre 1936 y 1939, en el llamado «Fondo Ámsterdam», depositado en el Instituto Internacional de Historia Social (IISH) de dicha ciudad holandesa, también custodia, con lógica dedicación e interés, otros fondos a través de la Fundación Anselmo Lorenzo.
En cuanto a la CGT, el archivo surgirá a la par que nace el propio sindicato en 1984. CGT sale a la luz como organización diferenciada de la CNT. Su archivo contiene fondos que abarcan desde la Guerra Civil hasta nuestros días. Los fondos más antiguos proceden de las donaciones de viejos militantes de CNT, o de sus familiares, que vivieron la Guerra Civil y la Postguerra. El archivo, a través de la Fundación Salvador Seguí, que surgió en los años 80, tiene una organización de índole topográfica, lo cual, francamente, es muy pobre. Los continuos cambios y vaivenes de sede han afectado también, como no podía ser de otra manera, al incipiente archivo de la Confederación. En algún caso, la documentación se halla en lugares ajenos al propio sindicato, o empaquetada para cuando llegue el momento, confiemos en que más pronto que tarde, de su apertura. Así, en Barcelona, ésta se encuentra en Can Batlló por un acuerdo para un periodo amplio de tiempo, pero sin que se pueda considerar como un lugar definitivo de depósito del material compilado a lo largo de años. Por ello, los fondos están repartidos, en la actualidad, entre Madrid y Barcelona desde que Valencia cedió los suyos a esta última. Aparte de la documentación, en una biblioteca y hemeroteca propia de la CGT se deberían conservar los carteles, revistas (Libre Pensamiento y Redes Libertarias) y el periódico Rojo y Negro y otras publicaciones.
Es cierto que algunas referencias a las centrales sindicales se pueden localizar en los archivos públicos (y en las bibliotecas o en las hemerotecas), pero, como es natural, el grueso documental se halla en los propios archivos de los sindicatos. No es de recibo dejar solo en manos de las fuentes orales, o de los testigos, la vida del movimiento sindical, pues todos vemos los acontecimientos de un modo subjetivo y, además, no somos eternos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto mismo ocurre en el ámbito familiar donde llegar a acuerdos sobre un antepasado común es una tarea casi titánica. Sin duda, estas fuentes son complementarias, pero bastante etéreas. Ante todo, debe quedar muy claro que las fuentes escritas son las más importantes en la elaboración de los trabajos de carácter histórico, aunque, como ya hemos dicho, por supuesto, no las únicas.
En nuestra vida cotidiana nos han resultado de gran ayuda la existencia de medios y aplicaciones informáticas. Esto tiene sus riesgos, pues éstas cambian a un ritmo de vértigo. Ni que decir tiene que son más que oportunos la creación de expedientes electrónicos, la transferencia continua de nuestros fondos a las nuevas aplicaciones, el uso de medios de almacenamiento adecuados, la autentificación documental a través de los metadatos, etc. De este modo, se facilitarían muchísimo los trabajos de investigación.
Finalmente, debemos indicar que el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales ha sido creado por el Real Decreto 880/2021 (publicado en el BOE de 12/10/2021). Este archivo tiene como fin recuperar, organizar, difundir y facilitar el acceso a la documentación relacionada con los movimientos sociales en España, desde el siglo XIX hasta nuestros días. El archivo pretende conservar y difundir el patrimonio documental y bibliográfico de diversos movimientos sociales, incluyendo el movimiento obrero, organizaciones feministas, grupos ecologistas, entre otros. Sin duda, un proyecto muy ambicioso infradotado en todos los aspectos (personal, depósito, medios, etc.) Con estos viejos odres, no se puede obtener un gran vino. Aun así, se abre una posibilidad para estudiar en el caso de la documentación de las organizaciones del movimiento libertario que no han sido investigadas.
- Gómez Bravo, Gutmaro. Los descendientes. Un siglo de historia y memoria familiar. Editorial Crítica. Barcelona, 2025 ↩︎
Redes Libertarias 