Joan Zambrana / CEDALL DIGITAL, noviembre de 2025
La “Brigada del anarquismo y el socialismo”, adscrita orgánicamente al Ministerio de la Gobernación del Estado español, fue uno de los constructos policiales represivos más conocidos y a su vez temidos durante la segunda década del siglo XX. Su actividad policial afectaría gravemente a la libertad de opinión, acción y expresión de los movimientos obreros emancipatorios de orientación anarquista y socialista de nuestro país. Esta Brigada policial, creada formalmente por el gobierno presidido por el político liberal Romanones a principios del año 1913, sostendría su actividad represiva durante un periodo aproximado de cuatro años, apoyada en su desempeño por los diversos gobiernos monárquicos tanto de signo liberal como conservador.
Aunque este destacado dato histórico no haya sido analizado de una forma más amplia y precisa en la historiografía española más reconocida del periodo, bien se puede afirmar que esta nueva herramienta estructural de vigilancia y represión contra el militantismo anarquista y socialista prefiguraba una criminalización pública expresa sobre dos de las fuerzas sociales y políticas más reconocidas del proletariado emancipador de nuestro país.
No es negable que la vigilancia recurrente y asimismo la amplia represión ejercida por los gobiernos dinásticos de la Monarquía borbónica hacia el militantismo obrero anarquista fuera un hecho persistente durante el último tercio del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Sin embargo, no parecía tan habitual y/o conocida la represión policial que esta nueva iniciativa conllevaba hacia el conjunto del militantismo obrero de orientación socialista. La intencionalidad política gubernamental en ambos casos era manifiesta al intentar reprimir y castigar al conjunto de la militancia obrera más alejada en su praxis social del régimen político monárquico español.
Acudiendo pues a sus orígenes cronológicos esta iniciativa gubernamental inició su primer eslabón administrativo el 27 de noviembre de 1912, en el marco general de una profunda reorganización policial llevada a cabo por el Ministerio de la Gobernación. Los cambios propuestos conllevarían de forma inmediata la creación de la llamada “Dirección General de Seguridad” expuesto en un “Real Decreto” publicado en la conocida “Gaceta de Madrid”. La exposición de motivos ofrecida para la creación de la “Dirección General de Seguridad” fue justificada por el ministro de la Gobernación Antonio Barroso, resaltando en su escrito las diversas deficiencias policiales existentes que afectaban a la seguridad pública en el Estado español. El primer responsable de la “Dirección General de Seguridad” nombrado a tal efecto a finales del mes de noviembre de 1912 recaería en la persona de Ramón Méndez Alanis, anterior Jefe Superior de la Policía gubernativa de Madrid, conocido jurista y militar que ejercería esta responsabilidad policial hasta finales del año 1915. Posteriormente, en los inicios del año 1916, sería nombrado para ocupar esta responsabilidad policial el General de Brigada Manuel de la Barrera Caro, un alto mando militar proveniente de la Guardia Civil que ejercería esta actividad hasta el mes de abril del año 1919. (…)
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