Entrevista a Rosa y Julio, protagonistas de la primera declaración en sede judicial española de una víctima del franquismo

Charo Arroyo

Hace 48 años, Rosa y Julio sufrieron torturas mientras estuvieron detenidos en la antigua Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid, hoy sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Aquellos años son los que se denominaban la «dictablanda» y se mascaba un cambio político hacia una apertura, pero la policía continuaba actuando con la misma brutalidad e impunidad que los años duros del franquismo porque, aunque moribundo el dictador la represión seguía siendo su seña de identidad y el medio de mantener su régimen. Su delito era ser militantes de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), Julio se adhirió en los 70 al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), acabó siendo su responsable político en Madrid, donde fue detenido en agosto de 1975. Durante siete días, estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol, donde fue torturado. Rosa fue testigo de las torturas sobre su compañero y también víctima durante su detención. En 2012 se inicia un movimiento en España de apoyo a la querella presentada en Argentina en 2010. Finalmente, tras un viaje inicial a Argentina se adhirieron varias querellas nuevas sobre desapariciones forzadas, torturas, trabajos esclavos, robo de bebés, preventorios de niños y niñas, etc. Hasta 300 querellas han sido presentadas ante el juzgado número 1 de Buenos Aires. La jueza María Servini dictó varios autos de extradición contra varios policías, exministros franquistas y un médico, acusados de participar en interrogatorios con torturas, la firma de ejecuciones de estado y el robo de bebés. Pero, increíblemente, el Estado español no ha colaborado con la Justicia argentina.

Solo a Rodolfo Martín Villa le ha tomado declaración (3 de septiembre de 2020) por los asesinatos de Vitoria del 3 de marzo del 76 y el de Germán Rodríguez en los Sanfermines del 78. Pero la toma de declaración fue voluntaria y por deseo de Martín Villa. Ese «demócrata» ministro de Relaciones Laborales durante los sucesos de Vitoria y ministro de Gobernación durante los Sanfermines del 78 y el «Caso Escala».

Visto que la querella argentina quedaba paralizada por la nula colaboración del Estado español, se decidió presentar las querellas por torturas en los juzgados españoles. La judicatura está mediatizada por la sentencia del Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón procesado por haber abierto una causa contra los crímenes del franquismo, aunque finalmente absuelto, sí que decretó que no se iban a investigar los delitos cometidos durante el franquismo al considerarlos ya prescritos. El resultado es que todas las querellas han sido archivadas considerando su prescripción por aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 o por no valorar el delito como «delito contra la humanidad» por entender que no se producía de forma sistemática ni con intención de eliminación de los contrarios políticos. Sí, eso dicen los jueces democráticos ante las ya 100 querellas presentadas en el Estado español.

«El resultado es que todas las querellas han sido archivadas considerando su prescripción por aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 o por no valorar el delito como «delito contra la humanidad» por entender que no se producía de forma sistemática ni con intención de eliminación de los contrarios políticos»

Sin embargo, este septiembre Julio Pacheco y Rosa García han protagonizado la primera declaración de una víctima de tortura ante un tribunal judicial.

Les hemos querido entrevistar para que nos transmitan su experiencia y sus sentimientos.

Pregunta: Rosa, ¿tú presentaste querella en Argentina y en España por las torturas que sufriste?    ¿A     quiénes   denuncias   como    tus torturadores y en qué situación está tu querella? Rosa: Sí, me adherí a la querella argentina y en marzo de 2018 presenté querella ante el juzgado de instrucción número 10 de Madrid. En ese momento solo pude identificar a Antonio González Pacheco, conocido como «Billy el Niño» porque no aparecían los nombres de quienes me tomaron declaración ante la Brigada Político Social cuando fui detenida. Como la juez titular, María Antonia de la Torre, no admitió la querella tampoco realizó ninguna investigación. Sostuvo que, a pesar de la evidencia de las torturas sufridas, éstas no se podían considerar delitos de lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito. Una barbaridad jurídica porque las torturas son imprescriptibles e inanmistiables según criterio mantenido por la justicia internacional de Derechos Humanos y de la Comisión contra la tortura a la que está adherido el Estado español. La querella tampoco fue admitida en segunda instancia y el Tribunal Constitucional nos denegó el recurso de amparo, así que el equipo jurídico de CEAQUA la presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

P: Cuándo te detuvieron? ¿Y de qué te acusaban?

R: Me detuvieron el 24 de agosto de 1975, a las once de la noche, en la calle. Y luego a Julio, mi compañero. No me registraron a la entrada de la Dirección General de Seguridad hasta dos días después, por lo tanto, no constaba que estaba detenida; era más bien un secuestro. Me recibió Billy el Niño con golpes, patadas, insultos… y a partir de ahí comenzó el infierno. El juez militar, que llevaron a los despachos de la DGS, me acusó de «colaboración con terrorismo», es decir, otra barbaridad más porque quienes de verdad ejercían el terror desde hacía casi 40 años eran ellos.

P: ¿Qué supuso para ti esa detención?

R: Era muy joven, acababa de cumplir 18 años y estaba estudiando Medicina, una carrera que había elegido con mucha ilusión y que cursaba con una beca de estudios.

La detención supuso perder la beca y dejar de estudiar porque cuando me dieron la libertad provisional, tras pagar una fianza de 30.000 ptas (el triple del sueldo base de entonces), nos tuvimos que ir fuera de Madrid, a la clandestinidad absoluta. Fue una fractura en mi proyecto de vida y en los afectos y amistades que tuve que dejar de ver para preservar mi seguridad y la suya. A mi familia les llamaba de vez en cuando y, pasado un tiempo, ya pudimos volver a Madrid porque nos aplicaron el primer indulto, en 1976.

P: ¿Por qué después de tantos años te decides a denunciar lo que pasó?

R: Porque se pusieron en contacto conmigo desde La Comuna, primero Chato Galante y luego Pablo Mayoral. Yo había olvidado esos hechos, o por lo menos, los tenía en un rinconcito de la memoria donde no molestaran. Me decidí porque acababa de cumplirse 40 años de los fusilamientos del 27 de septiembre y me enteré que las dos mujeres que fueron condenadas a muerte en esos juicios, Concha Tristán y María Jesús Dasca, habían fallecido. Yo había coincidido con ellas en la cárcel de Yeserías porque fueron detenidas poco después que nosotros. Eran casi de mi edad y me pareció que ellas ya no podían querellarse ni contar lo que sufrieron, pero yo sí. Quise dar testimonio no solo de mi caso, que fue uno de los miles que hubo, sino también de estas mujeres que vieron cómo en menos de veinte días fueron detenidas, torturadas, juzgadas en juicio sumarísimo y condenadas a muerte. Los últimos zarpazos del franquismo fueron brutales.

P: ¿Cómo valoras la declaración ante la juez, en tu caso como testigo?

Fue un momento muy emocionante. Comprobar que, por primera vez, en un juzgado español, te escuchan con respeto y se interesan por lo que pasó, era un deseo de tanta gente que llevaba muchos años peleando por esto que me hizo recordar a Carlos Slepoy y Chato Galante. Yo estaba citada como testigo porque en la declaración de Julio –que es el querellante– se refería a cuando los policías le mostraron cómo me estaban torturando a mí, para presionarle.

La juez titular, Ana María Iguácel, quiso conocer también qué me había sucedido en esa detención. No me lo esperaba, la verdad.

P: ¿Qué esperas puede suceder ahora?

R: Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que no sabemos bien cómo actuar ante las buenas. Yo espero que se siga tramitando esta querella de Julio y que sean admitidas todas las que vengan. Espero que se acabe de una vez con la impunidad del franquismo que llevamos soportando tantísimos años. Obtener justicia para las víctimas es un deber del Estado, pero también un derecho de la sociedad que fue embrutecida, aterrorizada y envilecida por aquella larga y horrorosa dictadura y su continuación en la transición. Es sano para todas y todos.

P: ¿Qué opinión te merece la Ley de Memoria Democrática aprobada por el gobierno?

Se va a cumplir un año de su entrada en vigor y queda muchísimo por hacer, apenas se ha desarrollado y hay cosas de difícil engranaje al depender de las administraciones locales y las Comunidades autónomas.

En el tema de la justicia que era la parte que más criticamos desde CEAQUA, estamos a la expectativa. Ha habido una personación de la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática tanto en la querella de Julio como en la presentada por Carles Vallejo en Barcelona y eso me parece muy positivo.

No me gustaría que se quedara como un brindis al sol, como la anterior ley, creo que puede representar un avance siempre y cuando los organismos estatales tengan en cuenta a las asociaciones que llevamos tanto tiempo luchando por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo y la transición.

P: Julio, ¿cuándo te detuvieron? ¿Y de qué te acusaban?

Julio: Me detuvieron el 24 de agosto de 1975. Estaba en una casa de apoyo y llamaron a la puerta, eran las once de la noche. Al abrir se abalanzaron sobre mí varios policías y me apuntaron con una pistola. Los golpes ya empezaron en el coche en el que me llevaron a la DGS y allí estuve sometido a palizas y torturas siete días. La primera acusación fue de terrorismo por parte del juez militar. Más tarde, ya en noviembre, los militares se inhibieron y me pasaron al Tribunal de Orden Público (TOP) con la acusación de asociación ilícita y propaganda ilegal.

«Quería dar a conocer aquellos hechos que son crímenes de lesa humanidad cometidos por una dictadura fascista»

P: ¿Qué te llevó a presentar la querella contra Villarejo y los otros policías?

J: Quería dar a conocer aquellos hechos que son crímenes de lesa humanidad cometidos por una dictadura fascista. Los policías de la Brigada Político Social (BPS) y los jueces del TOP ayudaron a mantener la dictadura en base a la represión y el terror.

Villarejo y los otros policías a los que denuncio eran miembros de esa policía política en esos momentos y, por tanto, torturadores.

P: ¿Cómo ha sido la declaración?

Fue una experiencia muy buena. La jueza Ana María Iguácel en todo momento estuvo interesada y receptiva a mis explicaciones. El fiscal, ahondó mucho con sus preguntas en diferentes aspectos de mi querella, recabando muchos datos concretos. He de destacar la presencia, por primera vez, de una fiscal adjunta a la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

P: Cuéntanos qué supone para ti el poder haber declarado ante una juez? Según el Gobierno con la nueva ley de memoria se podrían juzgar los crímenes del franquismo. ¿Es así?

Lo considero un éxito de La Comuna y de CEAQUA, así como de su equipo jurídico que se ha conseguido después de muchos años y muchas querellas interpuestas, más de cien en el Estado español, y muchas más en la querella argentina.

La aceptación de mi querella demuestra que existe legislación suficiente para juzgar los crímenes del franquismo en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya advirtió Fabián Salvioli, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La Ley de Memoria Democrática puede servir para influir en que los jueces sean más receptivos y admitan las querellas que se pongan de ahora en adelante. Si se consigue esto, significará un gran avance. Las posibilidades de esta Ley para asegurar la tutela judicial efectiva a las víctimas del franquismo dependerán, como siempre, de nuestra capacidad de movilización.

P: Julio y Rosa, habéis pasado a la historia por ser las primeras víctimas del franquismo en declarar ante un juzgado español. Las primeras declaraciones se hicieron ante la jueza argentina.

¿Qué valoración hacéis de la implicación de la sociedad española en romper con la política de la transición de acabar con el olvido?

R: Es fundamental, sin esa implicación no se habría llegado hasta aquí. Pero hay que seguir presionando para que se estudie en los colegios, institutos y universidades lo que fue el franquismo y lo que supuso de atraso y sometimiento para nuestras tierras durante muchísimas décadas.

J: Nosotros estamos trabajando en poner más querellas, en la medida en que éstas sean más numerosas y sean admitidas y tramitadas creo que contribuirá a que la sociedad recupere su historia y el pacto de silencio y punto final fraguado en la transición deje de estar vigente de una vez.

P: ¿Cuáles son los siguientes pasos en la querella en España?

R: Ahora la juez y el fiscal tienen que seguir con la instrucción de la causa y, probablemente, nos convocarán a declarar ante los abogados de los querellados. Una vez instruida la causa, esperamos que se llegue a juicio, lo que sería un paso muy importante.

En estos momentos todavía no ha habido resolución de la jueza sobre la continuación del proceso.