Jean-Christophe Angaut y Patrick Samzun – Réfractions1, nº 54
Entrevista publicada en castellano en Redes Libertarias núm. 5 (primavera 2026)
Gwenola Ricordeau, profesora de criminología en la Universidad Estatal de California en Chico y especialista en sistemas penitenciarios de países occidentales, es conocida por su trabajo sobre el abolicionismo penal, que ha contribuido a visibilizar este movimiento en Francia y a destacar su dimensión feminista2
Poco después de la toma de posesión del gobierno de Trump, solicitamos su análisis inmediato de la situación, teniendo en cuenta lo que acontecía en la universidad, pero también el posible impacto de la nueva administración en la política penal estadounidense y, en general, en el futuro del Estado de derecho en Estados Unidos. Desde esta entrevista, realizada en febrero de 2025, la situación ha evolucionado: además de los intentos judiciales de obstruir las acciones de la nueva administración, se ha producido una movilización popular, especialmente en California, contra el arresto de extranjeros y manifestaciones contra el poder personal de Donald Trump, abriendo así nuevas vías de resistencia.
Nota de Redes Libertarias (abril 2026): Las protestas No Kings han ganado empuje: en la última convocatoria más de 8 millones de estadounidenses marcharon contra Trump y sus políticas. También, ha crecido la desaprobación de su política migratoria y los enfrentamientos directos contra los agentes del ICE (en lo que va de 2026, 13 migrantes han muerto en centros de detención). En cuanto a intervenciones externas: el gobierno estadounidense secuestra a Maduro el 3 de enero, para asegurarse los recursos de Venezuela; ha intentado anexionarse Groenlandia; junto a Israel declara la guerra a Irán el 28 de febrero, y el próximo objetivo es una asediada Cuba.
Empecemos con una pregunta relacionada con la actualidad. Es febrero de 2025, Trump ha vuelto al poder, acumulando órdenes ejecutivas y declaraciones amenazantes, y su administración está tomando medidas muy agresivas, ya sea contra los migrantes, depurando la función pública o eliminando una amplia gama de programas sociales. Como académica residente en Estados Unidos, incluso en un estado (California) conocido por su hostilidad hacia Trump, ¿cómo ves la situación desde un campo de investigación como el tuyo, el de la criminología crítica? Volveremos a las evoluciones previsibles en política penal, pero ¿están amenazados los proyectos de investigación que enfatizan las perspectivas abolicionistas sobre la penalidad?
Para nosotras en Estados Unidos, creo que lo que ha estado sucediendo desde la investidura de Trump no es sorprendente en absoluto. Trump está haciendo lo que prometió que haría. Escucho muchos relatos que giran en torno a una especie de incredulidad atónita, pero la verdadera sorpresa es que la gente no haya prestado atención a lo anunciado. Por ejemplo, si nos fijamos en el Proyecto 2025, este conjunto de reformas propuestas por un centenar de grupos conservadores asociados con la campaña de Trump, en cuanto a la educación primaria y superior, ya no estamos en la fase de amenazas; estamos en la fase en la que miles de investigadores han perdido sus empleos, con despidos masivos en instituciones como los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y los NIH (Institutos Nacionales de Salud), y la congelación o eliminación de varias becas de investigación, especialmente en el sector salud.
¿Qué investigación en particular?
Tomo precauciones porque se han anunciado despidos en la Universidad Estatal de California, donde trabajo, con decenas de profesores, tanto permanentes como temporales despedidos. Personalmente, trabajo en un departamento de justicia penal, donde se supone que debemos pensar críticamente sobre la criminología, y es fácil imaginar que las universidades eliminen departamentos como el nuestro o, al menos, los transformen en programas de formación policial práctica, profesiones relacionadas con el sistema penal. [… ] La administración Trump, ya nos dice con claridad, como ha declarado el nuevo vicepresidente Vance, que los académicos son el enemigo —ese es realmente el término que se utiliza—, las universidades son percibidas como bastiones de woke, de resistencia, frente a todo lo que estas personas atacan y desprecian profundamente, aportando reflexiones críticas sobre la raza o la sexualidad. Se nos está señalando como el enemigo. Así que, de hecho, vamos a ver un creciente descenso de estudiantes y recortes presupuestarios. Además, hay algo muy importante: el desarrollo de la IA en todos los niveles. Trabajo en una universidad que se proclama la primera del mundo en estar completamente integrada desde una perspectiva de IA, tanto para estudiantes como para profesores. Y, por supuesto, esto tiene efectos en el empleo. Aquí, muy concretamente, como siempre en la universidad, se ve afectado primero el personal temporal, luego el personal permanente, y hoy en día parece extremadamente complicado para alguien que está haciendo una tesis o un joven doctor simplemente acceder al mercado laboral.
Es interesante que digas que no es del todo sorprendente y que forma parte de una continuación parcial de lo ocurrido en los últimos años, como si el establecimiento de un nuevo régimen autoritario se hubiera estado gestando durante mucho tiempo. Y cabe preguntarse si no ocurre lo mismo con la política penal, donde se han implementado diversos instrumentos (de vigilancia, represión, etc.) en las últimas décadas, y que los nuevos amos simplemente tienen que aprovechar.
[…] En cuanto a qué hizo posible lo que está sucediendo ahora, todo depende de dónde se centre la atención. Si observamos en los Estados Unidos, como en otros lugares, el papel de la policía en la colonización, la segregación y la imposición del supremacismo blanco obviamente no es un fenómeno reciente: la esclavitud se abolió en 1865 y, tras ella, surgió el Ku Klux Klan, con el que la policía colaboró estrechamente en numerosos eventos (masacres, linchamientos de minorías raciales). Por lo tanto, la capacidad del sistema de justicia penal, ya sea desde la perspectiva policial o penitenciaria, para reforzar este orden racial no constituye ninguna novedad. Ahora bien, para comprender qué podemos esperar en términos de penalidad es importante analizar el Proyecto 2025, que, en mi opinión, es interesante porque no propone mucho sobre el tema de la penalidad. Esto se debe a que no es necesariamente algo que les entusiasme, y también es algo sobre lo que pueden tener ambivalencias, ya que todo lo relacionado con las prisiones, la policía y la justicia representa un gasto enorme.
Por ejemplo, hay algo relativamente desconocido en Francia: que fue bajo la administración Trump, en diciembre de 2018 —y el propio Trump se jactó de ello—, cuando se aprobó la Ley del Primer Paso (el First Step Act) aunque había sido preparada por la administración anterior. Esta ley permitió la liberación de más de 30.000 presos federales mediante reducciones de penas. No debemos ver las cosas de forma demasiado simplista. Es cierto, sin embargo, que Trump apoya la pena de muerte; esta ha sido una característica definitoria de su postura durante décadas. Autorizó más ejecuciones durante su primer mandato que en los 65 años anteriores a su presidencia. También es cierto que quiere ampliar los tipos de delitos por los que se puede condenar a muerte y ejecutar las sentencias con mayor rapidez y facilidad. Por lo tanto, es realmente muy agresivo en este tema, como lo demuestran las primeras órdenes ejecutivas emitidas por su administración al respecto. También lo vimos instar a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo, a quienes equipara con delincuentes, y tomó medidas para deportar a extranjeros, a lugares como a Guantánamo, El Salvador y Panamá. Sin embargo, se mantiene mucho más discreto en materia de justicia penal.
Tras las directivas emitidas por la nueva Fiscal General, Pamela Bondi, sobre la pena de muerte, pero también sobre la detención de migrantes y la ampliación del abanico de delitos por los que se puede ser encarcelado (hurto en tiendas, etc.), también escuchamos declaraciones eufóricas de ejecutivos de empresas privadas que gestionan prisiones (por ejemplo, CoreCivic), sobre el tema de que “comienza una nueva era”. Cabe destacar que Pam Bondi fue cabildera del grupo GEO, que también gestiona prisiones privadas. ¿No presagia esto una mayor integración de las políticas públicas y los fondos privados en la administración de la justicia penal, con el aumento del encarcelamiento como una forma de lucrarse?
Un punto importante: Llevo 15 años escuchando este argumento de la extrema izquierda francesa, afirmando que cada vez hay más personas en prisión en Estados Unidos, que las cárceles son privadas, etc. Sin embargo, desde 2010, el número de personas encarceladas ha ido disminuyendo. Esto no significa que no sigamos experimentando encarcelamientos masivos: Estados Unidos sigue siendo un país que destaca entre otros países occidentales en cuanto al porcentaje de personas encarceladas, eso es cierto, pero debemos disipar la idea de que cada vez hay más personas encarceladas, porque es falsa. La única categoría para la que esto es cierto es la de las mujeres, que son una minoría muy pequeña entre la población carcelaria, pero que son cada vez más criminalizadas, generalmente por consumo de drogas. Además, esta tendencia podría intensificarse aún más con la creciente criminalización de quienes abortan o prestan dichos servicios. Y existe otra idea generalizada, pero falsa, sobre el papel del sector privado en el sistema de justicia penal estadounidense que, de hecho, es menor que en Francia. Aproximadamente el 8% de los reclusos federales están recluidos en prisiones privadas, mientras que en Francia la mitad de todos los reclusos están en prisiones gestionadas mediante asociaciones público-privadas.
Dicho esto, es evidente que CoreCivic y GEO, los dos principales grupos involucrados en el encarcelamiento, la gestión penitenciaria y otras actividades como sitios web que gestionan giros postales y correspondencia entre reclusos y sus familias, financiaron considerablemente la campaña de Trump (al menos un millón de dólares). Y es comprensible, ya que Biden se había comprometido, incluso durante la campaña anterior, a eliminar las prisiones privadas a nivel federal, algo que finalmente no pudo o no quiso hacer. Trump, por su parte, siempre ha mantenido esta postura proempresarial, y la industria penitenciaria le corresponde. Pero lo que más hemos observado durante la última década es que la proporción de ingresos que estas empresas generan del encarcelamiento de delincuentes está disminuyendo drásticamente en favor de los ingresos que generan del encierro de migrantes. Por lo tanto, se ha producido un cambio: ya no se lucran con los presos, sino con los migrantes encerrados. Esto representa un sector mucho más lucrativo para estas empresas, y ahora se centran más en esto que en el encarcelamiento.
En cuanto al nombramiento de una excabildera de GEO como fiscal general, es muy revelador de un cambio en las normas en Estados Unidos. Tal nombramiento se habría considerado inaceptable hace una década, debido a estas conexiones, y plantea la cuestión del sistema político al que nos hemos encaminado, algo para lo cual es difícil encontrar precedentes históricos. […]
¿Qué conexión puede establecerse entre la ideología libertariana, la toma del gobierno federal por personas como Elon Musk y los avances en la justicia penal? ¿Aumentarán estas personas los presupuestos federales para la policía, el sistema judicial, etc., para encarcelar a más personas? ¿O dirán, como ocurre con otras agencias gubernamentales, que cuesta demasiado y que debería externalizarse a empresas privadas, o incluso a grupos de justicieros? ¿Cuál es la situación de un gobierno federal controlado por libertarianos?
No estoy segura de su plan, y creo que existen ambigüedades entre su base popular, muy partidaria de la policía, y su propia perspectiva de reducir el papel del gobierno federal. Es importante recordar que durante la primera presidencia de Trump, en 2020, cuando se produjeron las revueltas tras el asesinato de George Floyd, Trump envió tropas federales a varias ciudades. Este fue un precedente significativo y, en cierto modo, contrario a la perspectiva conservadora habitual. Pero en este llamado Proyecto 2025, se propone que el gobierno federal asuma un mayor control de los departamentos de policía cuando existan desacuerdos sobre su funcionamiento. Es importante comprender que en Estados Unidos hay 18.000 departamentos de policía y, por lo tanto, 18.000 métodos diferentes y no estandarizados para mantener la ley y el orden a nivel local. Sin embargo, muchas grandes ciudades estadounidenses son más demócratas que conservadoras, y, en ocasiones, implementan reformas policiales que se consideran demasiado progresistas, demasiado liberales y, por lo tanto, con las que Trump y el partido republicano podrían discrepar. Y es desde esta perspectiva que nos encontramos con el aspecto mafioso, porque Trump tiene el poder de obligar a ciertos estados (pienso en California) pero también a ciertas ciudades a implementar lo que él quiere.
Actualmente, el principal problema gira en torno a la cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la policía de inmigración, en particular la cuestión de las «ciudades santuario» que habían tomado medidas para impedir que sus fuerzas policiales cooperaran con el ICE en la detención de inmigrantes. Pero el equilibrio de poder ha cambiado. Por ejemplo, vemos que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha anunciado que vetará un proyecto de ley, originado en su propio partido, destinado a impedir cualquier forma de cooperación con el ICE. Esto equivale a decir que no puede oponerse a Trump en este asunto3, sin duda porque sabe que el equilibrio de poder está en su contra, debido al dinero que California recibe a través de los presupuestos federales, la influencia local del sector tecnológico, etc. Esto dice mucho sobre la desesperada situación en la que nos encontramos, que es muy diferente a la que prevalecía durante la primera administración de Trump, especialmente aquí en California, donde, obviamente, ocurrían muchas cosas extremadamente difíciles, pero donde existía una dinámica de poder que hacía que la gente se sintiera protegida localmente. Esto también se aplicaba al ámbito universitario, donde hubo resistencia. Ahora, realmente sentimos que nos enfrentamos a una aplanadora. Hay quienes sueñan con la secesión de California, pero, en mi opinión, eso no sucederá. Hemos perdido.
Esto plantea la cuestión de las formas actuales de resistencia, de las vías por las que podría ser posible. ¿Puede la impugnación de ciertas decisiones, ciertas órdenes ejecutivas, por parte de los jueces actuar como freno, como contrapeso en la situación actual? ¿O todo esto está conde-nado al fracaso a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que los partidarios de Trump controlan la Corte Suprema?
Personalmente, creo que a la larga está condenado al fracaso. Debemos ser conscientes de que se están llevando a cabo purgas masivas en todas partes, incluso en el sistema judicial, con la llegada al poder de personas leales a Trump y al trumpismo, y que él controla la Corte Suprema. Así que, sin duda, todos se resisten e intentan frenar el proceso como pueden, y eso es comprensible. Pero todo indica que incluso el respeto formal por el Estado de derecho ya no existe. Quizás queden algunos vestigios, pero serán barridos. No tiene nada que ver con la primera presidencia de Trump: tiene más experiencia, tuvo tiempo durante los primeros cuatro años para comprender cómo funcionaban las cosas, para implementar una serie de decisiones cruciales, sobre todo en la Corte Suprema, y regresa con cuentas pendientes. Incluso en términos de voluntad política, no es lo mismo en absoluto, sobre todo porque ahora no tiene nada que perder. Y en cuanto al equilibrio de poder, es extremadamente diferente porque estamos lidiando con una camarilla cuya dinámica de poder opera al margen de las formalidades del Estado de derecho. Y no olvidemos que fue
elegido por un amplio margen.4 […]
¿Y qué hay de las formas de resistencia de base, ya sea en los campus o dentro de las organizaciones comunitarias, que podrían detener esta catástrofe?
Sí, existen formas de resistencia; el país es enorme. Por ejemplo, existe mucha vigilancia policial (la práctica de monitorear la actividad policial por parte del público) en relación con el ICE. A nivel local, por ejemplo, formo parte de una red que proporciona
información sobre redadas policiales para ayudar a las personas afectadas. Se han producido algunas manifestaciones en los campus. Está prevista la movilización del 7 de marzo, «Defiende la Ciencia», pero Estados Unidos no tiene la misma cultura de movilización, manifestaciones y concentraciones que tenemos en Francia. Ha habido manifestaciones en Washington, pero, en mi opinión, sigue siendo algo muy marginal. Por mi parte, no vivo en medio de la nada en Alabama, sino en una ciudad de California con 110.000 habitantes, 30.000 de los cuales viven cerca de la universidad. Trump obtuvo el 50% de los votos, y se ven pegatinas pro-Trump por todas partes, como «Biden en la cárcel», etc.
[…] Lo que también sorprende es que el ascenso de esta camarilla al poder coincide con el uso intensivo de la IA y el papel dominante de las redes sociales, lo que amplifica los riesgos de la tecnovigilancia, centrándose en las palabras y expresiones que usamos. Ya estamos viendo esto en funcionamiento en algunos ministerios, con frases, incluso un léxico, que debemos evitar, etc. Esto es aún más preocupante dado que los peces gordos de las nuevas tecnologías, algunos por convicción (Musk, Thiel, que recibe menos atención, pero es igual de importante), otros por oportunismo (Zuckerberg), apoyan a Trump, o incluso participan en su administración en el caso de Musk. Incluso si estas personas se presentan como grandes defensores de la libertad de expresión, podemos temer por ello, ya que controlan los principales medios de comunicación. Hemos visto recientemente, sobre todo durante ciertas elecciones en Europa, que existen prácticas de censura inversa en redes sociales (en lugar de censurar contenido, las redes se saturan con ciertos mensajes o palabras clave para invisibilizar el resto).
De hecho, nos enfrentamos a lo que antes habría consistido en quemas de libros, solo que es mucho más sencillo al hacerse digitalmente. Pero estamos viendo formas de depuración, de reescritura de la historia, de reescritura de la ciencia. Y todo esto puede ocurrir mucho más rápido. Es mucho más rápido hacerlo en línea que retirar libros de las bibliotecas. Estas personas están organizando la libertad de expresión. De hecho, ya estamos en ese punto, cuando se pide a los investigadores que eliminen artículos en los que usan una palabra en particular. Luego están las formas de resistencia. Hay quienes archivan, que protegen digitalmente ciertos archivos. Ahí es donde estamos… No soy un experto en IA, pero creo que es un tema que necesita más atención. Veo su desarrollo en mi trabajo y creo que es un desastre.
¿Y hay llamamientos a la desobediencia? ¿Están resurgiendo de una forma u otra los viejos lemas estadounidenses sobre la desobediencia civil, y las prácticas a veces incivilizadas de desobediencia, dado el número de administraciones afectadas y las directivas que se están adoptando?
Aparentemente, el libro más descargado ahora mismo es el Manual de Campo de Sabotaje Simple, (Simple Sabotage Field Manual) un manual de sabotaje de la CIA que data de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ahora, lo único que sé es que, en nuestra universidad, la policía de inmigración ahora tiene derecho a realizar redadas, lo cual es nuevo. Simplemente se nos pide que notifiquemos a nuestra administración si ocurre en nuestra aula. En eso estamos. Nos llevará tiempo salir de esto.
- El texto que reproducimos es un amplio resumen, por cuestión de espacio, de la entrevista original, que puede leerse íntegramente en el nº 54 de Réfractions. ↩︎
- Ver Pour elles toutes : femmes contre la prison, Montréal, Lux, 2019. En la misma editorial G. Ricordeau ha editado 1312 raisons d’abolir la police (2022), y coeditado con Joël Charbit y Shaïn Morisse, Brique par brique. Une histoire de l’abolitionnisme pénal (2024). ↩︎
- Tras esta entrevista, la situación ha cambiado: en junio de 2025, cuando se intensificaron las protestas contra las detenciones de extranjeros, la administración Trump movilizó a la Guardia Nacional, e incluso a tropas de la Marina, en California, lo que provocó una llamada a la resistencia del gobernador demócrata Gavin Christopher Newsom. ↩︎
- Trump obtuvo el 49,8% de los votos (en comparación con el 48,3% de su oponente, Kamala Harris). Si bien esto representa solo el 31% del electorado, supone una mejora significativa con respecto a sus elecciones anteriores (donde perdió el voto popular, con una participación mucho menor), y le permitió obtener 312 votos electorales frente a los 226 de Harris. En cuanto a sus políticas, en el momento de la entrevista, solo se aprobaron integralmente en la cuestión de la inmigración; por lo demás, las encuestas de opinión muestran opiniones bastante desfavorables, incluso directamente negativas, sobre Elon Musk, quien fue sustituido unos meses después. Esto no ha impedido que sus simpatizantes se hagan oír con fuerza. ↩︎
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