Bernat Torner / Directa
Vivimos en un mundo en constante crisis. Desde la crisis del petróleo de la década de 1970 hasta la pandemia de 2020, la historia contemporánea se ha descrito como una sucesión de crisis. Las crisis afloran por todas partes: en el supermercado, con el aumento de los precios de los alimentos; en los bosques, con la deforestación; en los embalses y pantanos, con la sequía; en el aire que respiramos, con la contaminación; en los telediarios, con interminables imágenes de bombardeos y niños mutilados; en los bolsillos de los trabajadores, afectados por los sueldos insuficientes; en la factura del alquiler, que ya representa, en muchos casos, más de la mitad de la nómina, y un largo etcétera. Nadie puede escapar del omnipresente fantasma de la crisis. ¿Pero, y si las crisis no fueran accidentes? ¿Y si los estados las inventaran para alterar la “normalidad” e impulsar los intereses de las élites? ¿De quién y para quién son las crisis?
Janet Roitman sostiene que las crisis son artefactos narrativos, no hechos objetivos. Crisis, según la antropóloga, es un concepto histórico-político que “implica una teoría del tiempo” y “pasa a significar la delimitación de un ‘tiempo nuevo’ en la medida que denota una fase de transición única e inmanente, o una época histórica específica”. En este sentido, la historia de las crisis es la historia de la misma historia. En todas las formas de narrativa actuales hay la huella de la crisis como “categoría definitoria de las situaciones históricas, pasadas y presentes” (escribe Roitman en Anti-Crisis, Duke University Press, 2013). Toda crisis es productora de significado: es la máquina narrativa por excelencia a través de la cual la historia se desarrolla y se construye.
Si la producción de crisis es una “teoría del tiempo” histórico, ¿qué relación mantiene con la intervención del estado? Según Colin Hay, en la medida que “la crisis no es una condición objetiva” y “se crea mediante la narrativa y el discurso”, “el poder estatal no reside solo en la capacidad de responder a las crisis, sino en la de identificar, definir y constituir la crisis, en primer lugar” (en “Narrating crisis: The discursive construction of the ‘winter of discontent”, Sociology 30, 1996). El poder estatal se define por la construcción discursiva de crisis. Los gobiernos narran los fracasos (como las quiebras bancarias) para justificar, por ejemplo, los rescates con dinero público. Las crisis, por lo tanto, son movilizadas políticamente incluso con políticos. La producción de crisis y los estados modernos son dos fenómenos concomitantes estrechamente relacionados. ¿Pero, cómo y mediante qué mecanismos opera el estado cuando moviliza narrativas de crisis?
El filósofo Giorgio Agamben define el modelo de funcionamiento de las democracias occidentales con el concepto “estado de excepción”. Para Agamben, el estado de excepción es el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea, que ha transformado los regímenes democráticos mediante la expansión gradual de los poderes ejecutivos. El estado de excepción es una nueva forma de gobernanza a través de la cual la aplicación normal de la ley se confunde con la aplicación de las medidas provisionales y excepcionales. En este marco, “la ley incorpora a los seres vivos mediante su propia suspensión” y crea una zona en que la aplicación de las normas queda “suspensa, pero la ley, como tal, continúa vigente” (en Estado de excepción, Pre-textos, 2004).
Este movimiento tiene un significado biopolítico inmediato, porque esta zona de suspensión afecta directamente las vidas de las personas no solo como ciudadanos, sino como seres vivos. Lo que está en juego en este nuevo paradigma de gobierno no es diferente del que estaba en juego en la biopolítica de Michel Foucault; es solo una nueva configuración de las técnicas de poder, cuya función continúa siendo la administración, el control y la optimización de la vida humana por otros medios.
La crisis como dispositivo narrativo se articula en el espacio donde se cruzan la verdad y el poder. Por lo tanto, analizar la producción de crisis significa a la vez analizar como opera el poder en el mismo proceso de narración. Ante una crisis, “los proyectos estatales tienen que responder a esta construcción narrativa de la crisis, y no necesariamente a las condiciones de contradicción y fracaso que en realidad la sustentan” (Colin Hay, “Narrating crisis”. Sociology, 1996), encontrando en el contexto de crisis una oportunidad para la expansión de su poder más allá de los límites de la ley. La crisis como dispositivo narrativo es una cortina de humo, un artefacto político producido por los estados con el objetivo de legitimar la intervención estatal.
Esta forma resultante de gobernabilidad coincide, pues, con el estado de excepción descrito por Agamben. La producción de crisis es la condición para posibilitar la suspensión del orden jurídico. Sin una narrativa de crisis, la “ilegalidad legalizada” resultando de la suspensión del orden jurídico no sería legitimada, tolerada ni normalizada en las democracias neoliberales. El discurso de crisis es el terreno fértil que alimenta el estado de excepción.
Cojamos, como ejemplo, el caso específico de la crisis del 2008 en España, donde la tasa de paro llegó al 24,4% el marzo de 2012, el doble de la media de la zona euro, y la tasa de riesgo de pobreza llegó al 19,6% el 2008 y al 22,2% el 2013 (datos extraídos de Donato Fernández, “La crisis económica española: Una gran operación especulativa con graves consecuencias”, Estudios Internacionales 48, 2016). A pesar de esta dramática situación, la mayoría de las medidas excepcionales que se llevaron a cabo consistieron en recortes en los servicios públicos y en drásticos planes de austeridad.
El febrero de 2012, el gobierno presidido por Mariano Rajoy ejecutó una reforma laboral con dos objetivos principales: en primer lugar, liberalizar el mercado laboral eliminando cualquier obstáculo y, a continuación, reducir el coste del despido, alterando fundamentos de los derechos de los trabajadores. Además, el Gobierno español también rescató los bancos privados españoles con fondos públicos y llevó a cabo recortes sociales y económicos generalizados.
Las políticas neoliberales que se tomaron no estaban diseñadas para combatir el aumento de las desigualdades, de forma que supusieron importantes repercusiones sociales (negativas) a pesar de la retórica utilizada para justificarlas. Pero, a pesar del amplio rechazo social, esos reajustes legales salieron adelante. ¿Cómo se pudieron llevar a cabo estas políticas excepcionales, que superaban los límites constitucionales y legales, y no se dirigían a mejorar la vida de la mayoría de la población? ¿Se podrían haber llevado a cabo de manera legítima sin la sombra omnipresente de la crisis? Solo en tiempo de crisis la excepcionalidad puede llegar a ser la norma.
En este punto, recuperamos la pregunta planteada al principio: “¿De quién y para quién son las crisis?”. Para responderla, siguiendo el ejemplo utilizado, nos tenemos que centrar en las consecuencias que la crisis tuvo en términos de redistribución de la riqueza. Durante el mencionado periodo de recesión económica, los activos reales perdieron un 30% de su valor en aquellos años y los salarios cayeron también un 30% entre el 10% de los perceptores de rentas más bajas. Esta clara tendencia a la baja no solo afectó el 10% con ingresos más bajos, sino a la mayoría de la clase trabajadora. Sin embargo, paradójicamente, esta tendencia negativa no afectó a los más ricos, antes, al contrario. El 10% más rico de la población española pasó de concentrar el 44% de la riqueza del país el 2008 al 53% el 2014 (en Banco de España, “La desigualdad de la lava, lo consumo y la riqueza el España”, 2018). Mientras las condiciones de vida de la mayoría empeoraban, la crisis financiera provocaba que los ricos se convirtieran todavía en más ricos, aumentando su patrimonio y llegando a concentrar más de la mitad de la riqueza total. Esto no es una coincidencia: las crisis son el medio del capitalismo neoliberal para autorregularse.
Podemos afirmar que la crisis es un elemento fundamental de las sociedades contemporáneas, que permiten a las élites suspender el orden jurídico e implementar los reajustes sistémicos necesarios para su propia subsistencia. Hoy, desde las catástrofes climáticas hasta las disrupciones de las inteligencias artificiales, el patrón se repite: las narrativas del desastre llevan a reinicios del sistema operativo central para eliminar cualquier “error de programación” y devolverlo de forma controlada a su estado de funcionamiento “normal”. Y, mientras tanto, bajo la cobertura de la urgencia, las desigualdades se agudizan sin precedentes. Lo que está en juego en cada crisis es nuestra propia capacidad de sobrevivir al desastre.
La próxima vez que estalle una crisis, busquemos la verdad que se oculta detrás del relato que nos intentan vender: ¿Cui bono? ¿Quién se beneficia realmente? De la respuesta a esta pregunta depende, en parte, la posibilidad de desarticular la maquinaria de producción de crisis y emanciparnos de la lógica catastrofista que perpetúa el dominio de clase burgués. En el contexto actual, cuestionar las narrativas de crisis se convierte en un acto revolucionario: empezar a andar juntas pasa necesariamente por empezar a conspirar juntas. Durante siglos, ellos han explicado su propia historia; ya es hora de que nosotros explicamos la nuestra.
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