José Navarro Pardo: “El relato de lo que pasa en las prisiones lo construyen los intereses de los sindicatos de los funcionarios de prisiones”

Vicent Almela / Directa

El 31 de marzo, Ana recibía una llamada telefónica informándole que su marido había muerto de sobredosis en la prisión onubense. Cuando llegó al centro penitenciario, la dirección apenas le dijo nada, así que se puso en contacto con el compañero de celda de su marido. El preso le comentó que la noche anterior, al ver que su marido se encontraba mal, había estado llamando de forma reiterada al interfono durante más de media hora hasta que un funcionario fue a socorrerlo. Ya era demasiado tarde, Juan había muerto. La represalia por recriminar a los funcionarios su tardanza fue el régimen de aislamiento. Un día después de la muerte, varios medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, pero ninguno puso sobre la mesa una posible negligencia. En lugar de investigar las causas de la defunción o hablar con Ana, los medios resaltaban la peligrosa entrada de “papelitos”, una nueva droga casi imposible de detectar que alteraba la actitud de los presos y suponía un “grave riesgo” para los funcionarios. A pesar de que todavía no había resultados de la autopsia y su muerte no había significado ningún riesgo para la seguridad de la plantilla, los sindicatos exigían más medios coercitivos, así como la incorporación de pistolas Taser para controlar a la población penitenciaria. Una posible muerte por negligencia, según el testigo presencial, se había convertido en una campaña sindical para pedir más medios coercitivos.

José Navarro Pardo (Bétera, 1993) conoce bien como se construyen los relatos sobre las prisiones, a qué intereses responden y cuál es su origen. Es sociólogo, especializado en criminología crítica e investigador en el campo de la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Hace más 10 años que visita a reclusos en diferentes centros penitenciarios del Estado español en colaboración con grupos anticarcelarios como Tokata o Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, así como con el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, desde dónde ha realizado un estudio empírico sobre el uso de las contenciones mecánicas en las prisiones de Cataluña. Recientemente ha publicado el libro Un poder carcelario. Sindicatos de Prisiones y Sistema Penal (Virus, 2025), donde analiza el origen y la historia del sindicalismo penitenciario. Según Navarro, la construcción del relato de sus reivindicaciones y demandas han contribuido a la “violencia cultural” y al aumento del estigma hacia las personas tomadas como “la encarnación del mal l”. Es así como los espacios penitenciarios son lugares donde “los derechos quedan suspendidos”, sentencia.

Empiezas el libro en los días de la llamada “transición democrática”. ¿Cómo era el ambiente dentro de los centros penitenciarios en aquel momento?

El momento penitenciario en la Transición estaba muy marcado por la presencia de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) y las revueltas a favor de la amnistía de los presos sociales. Veníamos de la caída de una dictadura, en un contexto marcado por unas prisiones muy viejas, con la gente muy amontonada y con unas condiciones lamentables. Pero, por otro lado, con mucho más contacto entre las personas presas y, por tanto, con más facilidad para organizarse. Había mucha gente de clase baja encerrada en aplicación de la Ley de “vagos y maleantes”, puesto que la ley de amnistía de 1977 no consiguió la libertad para todo el mundo. Muchas personas encerradas durante la dictadura se quedaron en la prisión, a pesar de que sus delitos estaban vinculados a leyes del régimen franquista. Esta injusticia de clase generó un contexto penitenciario bastante convulso marcado por los motines, las fugas a la brava, las huelgas de hambre, las reivindicaciones y las manifestaciones de las familias. Fuera había un ambiente más combativo en el ámbito social y esto traspasaba los muros de las prisiones. En el ámbito penitenciario, igual que pasó en otros ámbitos del sistema penal, como pueden ser el policial y el judicial, hubo una falta de depuraciones después del cambio de régimen.

¿Cómo se empieza a construir el sindicalismo penitenciario?

Después de la muerte de Franco hay un pequeño intento de depuración del cuerpo de funcionarios de prisiones. Es decir, entró cierta remesa de funcionarios que intentó introducir una mirada más social y menos punitiva. En este contexto nace el Sindicato Democrático de Prisiones (SDP) en 1977, en contraposición al Sindicato Profesional de Prisiones, que era básicamente el sindicato vertical al servicio del régimen fascista. El nuevo sindicato de funcionarios representaba un movimiento demócrata de corte progresista. De hecho, funcionaron más como una asociación, con gente muy joven que solía ocupar los lugares más bajos de las estructuras de poder sindical. Según me explicaron sus miembros en las entrevistas que les pude hacer, ya desde el inicio empezaron a sufrir el mobbing laboral por parte de los funcionarios más veteranos y corporativistas. Este sindicato y su intento de hacer las cosas diferentes muere a principios de la década de los 80, y sus afiliados pasan a otros sindicatos como CCOO y UGT, y serán minoritarios.

¿Cómo influye la constitución de las nuevas organizaciones sindicales penitenciarias en ese periodo?

Te pondré un par de ejemplos que considero representativos de lo que supuso el corporativismo en el cuerpo de funcionarios de prisiones en este periodo, sobre todo para las personas recluidas. Uno de los más significativos es la muerte de Agustín Rueda, a consecuencia de la paliza que le dieron los funcionarios en la prisión de Carabanchel en marzo de 1978. Los hechos eran tan evidentes que el juez abrió un procedimiento contra el director de la prisión por presunto delito de homicidio, así como al subdirector, al jefe de servicios y a nueve funcionarios, que también fueron juzgados por el asesinato. A pesar de la gravedad de los hechos y las pruebas evidentes, gracias al encubrimiento y el corporativismo en sus declaraciones, los acusados consiguieron salir en libertad condicional.

El otro hecho reseñable de este periodo fueron los sucesos de 1979 en la prisión de Herrera de la Mancha, un centro penitenciario de máxima seguridad construido con el objetivo de que lo ocuparan todas las personas que la institución consideraba agitadores e inadaptados. A pesar de que se denunciaron y relatar numerosos casos de tortura y maltratos perpetrados por funcionarios durante el verano y el otoño de 1979, desde la Dirección General de Prisiones y los sindicatos de funcionarios siempre lo negaron. Incluso se ejercieron amenazas y mobbing laboral entre los funcionarios A pesar negar las torturas y vejaciones de las personas presas, en las investigaciones judiciales se pudieron probar y se condenaron los funcionarios implicados. Esto fue posible gracias a la declaración de los trabajadores del Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), en contra de la versión corporativista oficial de sus compañeros del sindicato vertical y la institución penitenciaria. Como anécdota, cuando uno de los funcionarios del SDP salió después de declarar de los juzgados de Ciudad Real y de relatar las torturas que ejercían sus compañeros de profesión, se encontró con que le habían quemado el coche en uno de los parkings privados reservado solo para los funcionarios.

¿Crees que hoy en día todavía existe este corporativismo dentro del cuerpo?

Es evidente. ¿Por qué crees que la Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y los sindicatos de funcionarios de prisiones son los sectores con más afiliación sindical? Es así, en gran parte, por la protección que les brinda el corporativismo, que es la base desde donde surgen los sindicatos profesionales, centrados en la defensa jurídica de los funcionarios. Esta rama sindical nace precisamente a raíz de casos como el de Agustín Rueda y el de Herrera de la Mancha. Con perspectiva histórica vemos como esta corriente de sindicatos empiezan a especializarse en la defensa jurídica de los funcionarios de prisiones ante posibles casos de agresiones, vejaciones y torturas hacia personas presas. Se convierten en los garantes de su seguridad jurídica. «Con nosotros puedes hacerlo que quieras, porque estarás seguro». Y a partir de aquí surge el discurso de la explotación de las alarmas sociales, de la deshumanización de los reclusos y de la inseguridad para conseguir mejoras laborales y más medidas coercitivas.

Entonces, ¿hay una relación directa entre el discurso de la inseguridad y de las alarmas sociales y las reivindicaciones en pro de mejoras laborales de los funcionarios de prisiones?

El relato de lo que pasa en las prisiones se construye según los intereses de los sindicatos de funcionarios y la explotación de las alarmas sociales juega un papel muy importante. Ya pasó en la época de los motines y los llamados presos antisistema, después con el consumo de heroína y los presos yonquis, más tarde con los presos de ETA y, por último, con los crímenes mediáticos. El discurso y la explotación del recurso de la alarma social cambia su relato, pero mantiene la nulidad en la capacidad de agencia de las personas internadas. Las cataloga como monstruos o seres inferiores desposeídos de agencia y capacidad de generar un relato y sobre las cuales está completamente justificado ejercer la violencia para poder controlarlas y someterlas.

De hecho, los sindicatos de funcionarios a menudo solicitan más medidas coercitivas. ¿Hasta qué punto estas reivindicaciones condicionan la política penitenciaria?

Desde la muerte de Franco hasta hoy, sus reivindicaciones no han cambiado mucho; siempre se han centrado en el uso de la fuerza para garantizar el control en las prisiones. Una de las principales reivindicaciones a finales de los 70 y 80 era volver a llevar pistola. Luego, pasaron a solicitar el endurecimiento del régimen FÍAS durante los 90, y en los últimos años hemos visto como reivindican, por ejemplo, el uso de las contenciones mecánicas de carácter regimental o la posibilidad de utilizar las defensas eléctricas (Taser) dentro de las prisiones. La mejora de sus derechos laborales se traduce en poder aplicar más medios coercitivos. También reivindican ser agentes de la autoridad, [condición aprobada en el Parlamento de Cataluña en enero], cuando actualmente ya tienen presunción de veracidad en los juicios contra las personas encarceladas. Lo que haría oficializar este estatus sería que la administración penitenciaria se hiciera cargo de la responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago. Es decir, les aseguraría que, si denuncian a un preso por agresión y el preso finalmente es condenado, si este se declara insolvente o no puede pagar, ellos se aseguran cobrar la responsabilidad civil de manos del Estado. Esto podría ser muy peligroso, puesto que son los únicos que construyen el relato de los hechos en un juicio.

¿Qué dificultades afronta una persona encarcelada a la hora de denunciar un caso de violencia o tortura dentro de una prisión?

Múltiples. En el libro tomo como ejemplo los hechos sucedidos en la prisión de Cuatro Caminos en 2004, que para mí representa el último gran conflicto mediático en las prisiones en el Estado español, y que acabó con una condena contra los funcionarios por agresiones.

Durante un motín, un grupo de presos retuvo y agredió al subdirector de la prisión; horas después fue liberado y el orden se restableció. El día siguiente, por la noche, los funcionarios de prisiones se dedicaron a sacar a los presos que consideraban sospechosos de haber organizado el motín o de estar implicados en él y los apalearon durante horas. Según el relato de los presos, los sacaron de las celdas por la noche, los tiraron escaleras abajo e hicieron un pasillo para golpearlos con las defensas, mientras eran vejados y humillados. Según los testigos del juicio, incluso llegaron funcionarios de otros turnos y de otras prisiones de Cataluña para participar en esta reprimenda. A raíz de los hechos y para dificultar la comunicación entre los presos agredidos, se dispersó a los implicados, en régimen de aislamiento, en diferentes prisiones catalanas.

El caso llegó a los tribunales gracias a la investigación independiente del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH). En el juicio, el relato corporativista que impulsaron los sindicatos fue muy criminalizador para la gente presa, y en todo momento intentaron tapar las torturas y agresiones. Incluso desde la administración penitenciaria catalana se vetó la entrada de la OSPDH, que fue despreciado y criminalizado para ejercer su trabajo de control y monitorización de la vulneración de derechos fundamentales dentro de las prisiones. A pesar del intento de tapar las torturas, en una sentencia histórica, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, se impusieron penas de prisión para el subdirector médico y cinco funcionarios. Quedó probado que, durante los traslados posteriores al motín, se organizaron “pasillos” donde se golpeaba sistemáticamente a los presos como represalia. A pesar de la condena de los funcionarios, la sentencia negó el delito de tortura, limitándola a un delito de agresión.

¿Qué papel crees que juega la estrategia de generar una sensación de inseguridad y miedo en la política institucional?

Es evidente que cada vez se utiliza más como arma política para conseguir votos y legitimar el discurso de la violencia por parte del poder. Fíjate cómo uno de los primeros lugares que ha cooptado afiliados Vox han sido los sindicatos de funcionarios de prisiones, puesto que a través de ellos articulan también su relato de extrema derecha. Ya nadie se extraña cuando ve la violencia que ejercen contra la población dirigentes como Bukele, Trump o Orbán. Antes, sociológicamente había una construcción más sólida respecto a las libertades, pero hoy en día es la negación de estas libertades y derechos lo que atrae los votos. Consiste en la necesidad de invertir en seguridad y violencia contra unos supuestos enemigos que son pobres, migrantes, molestan o no piensan como ellos. Esto funciona socialmente en todos los ámbitos, por eso los sindicatos de funcionarios de prisiones lo explotan y lo utilizan cada día más como una punta de lanza en sus discursos y reivindicaciones. Saben que funciona.

¿Qué herramientas hay para combatir estos relatos y construir otros contrahegemónicos, que se materializan en la necesidad del punitivismo y de la seguridad?

Las instituciones y la prensa dominante han impulsado un discurso del miedo y la necesidad de seguridad para favorecer intereses económicos y partidistas. Es un discurso securitario en el cual las prisiones funcionan como punta de lanza. Este populismo punitivo se ayuda de las redes sociales y las noticias sensacionalistas. No interesa, mediáticamente, si un preso es torturado o la salud mental en la prisión, el funcionamiento de un primer grado o el aislamiento, qué personas están visitando sus familiares en la prisión y en qué condiciones y cómo se vulneran los derechos de las familias constantemente. Según el relato oficial, los parias de la sociedad que denuncian esto no deberían tener derechos y cada vez que hablan, mienten. Es realmente jodido cambiar el relato cuando el estigma y la deshumanización se extiende desde la sociedad mayoritaria y normativa. Por todo esto, un aspecto clave es la autoorganización de las familias y que las voces de dentro puedan salir a la calle. Que hablen las familias de la prisión y lo que pasa dentro con sus familiares, que humanicen las vidas que están encerrada en las cárceles y que generen comunidad y vínculo entre ellas. Hemos de buscar la fórmula de retomar la dignidad y la capacidad de agencia que histórica y estratégicamente se ha negado a la población penitenciaria.