Nigra Fenikso
El 19 de julio, fecha en la que Nicaragua celebró el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega subió al escenario en Managua para anunciar que el país ya no celebrará elecciones. Al día siguiente, afirmó que nuevas leyes impedirán la actuación de los partidos de la oposición que pretendan disputarle el poder. La declaración no surgió de forma repentina. En febrero de 2025, una reforma constitucional ya había alterado profundamente la estructura política del país: redujo la autonomía entre los poderes del Estado, creó la figura de la copresidencia para incluir a Rosario Murillo, su esposa, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y consolidó cambios ampliamente criticados por organismos internacionales. Hay una ironía histórica difícil de ignorar. La revolución que derrocó a la dinastía Somoza en nombre de la libertad termina, décadas después, concentrando el poder en torno a una única familia y eliminando el principal mecanismo mediante el cual una sociedad puede sustituir a sus gobernantes.
El recorrido hasta este momentum ayuda a comprender cómo suelen consolidarse los regímenes autoritarios. Ortega no alcanzó el poder absoluto mediante una ruptura espectacular. El proceso fue gradual. Primero vinieron las reformas legales, luego unas elecciones celebradas en un entorno cada vez menos competitivo, la persecución de los opositores, el cierre de la prensa independiente y la detención de periodistas, religiosos y líderes políticos. A continuación, las instituciones encargadas de limitar el poder pasaron a estar ocupadas por aliados del propio Gobierno. Cuando la oposición perdió las condiciones reales para actuar, los cambios constitucionales encontraron cada vez menos resistencia institucional. En algún momento entre la revolución de 1979 y la actualidad, la promesa de emancipación fue sustituida por mecanismos permanentes de control político.
Es precisamente este proceso el que merece atención. La historia demuestra que proyectos políticos de orientaciones muy diferentes, tanto de izquierda como de derecha, pueden seguir caminos similares cuando comienzan a concentrar el poder. En nombre de la estabilidad, la seguridad, la revolución o la defensa de la patria, se amplía gradualmente la autoridad del Gobierno y se reduce el espacio reservado a la disidencia. El lenguaje cambia según el contexto histórico. En diferentes épocas surgen expresiones como “enemigo del pueblo”, “agente extranjero”, “subversivo” o “traidor a la patria”. Sin embargo, el patrón sigue siendo reconocible: quien discrepa deja de ser considerado un interlocutor legítimo y pasa a ser tratado como una amenaza para el orden que el propio Gobierno afirma proteger.
Desde la perspectiva anarquista, ese riesgo no se deriva únicamente de las características personales de determinados gobernantes. Surge siempre que las instituciones concentran poder suficiente para decidir, de forma duradera, el rumbo de toda la sociedad. Ya en el siglo XIX, Mijaíl Bakunin advertía de que una revolución organizada para conquistar el Estado podría acabar generando una nueva élite política, empeñada en preservar su posición incluso cuando ello significara abandonar los principios que justificaron su llegada al poder. La crítica se dirigía menos a las intenciones de los dirigentes que a la propia estructura que les permite gobernar en nombre de millones de personas sin que la propia población disponga de mecanismos efectivos de control.
Esto no significa equiparar cualquier gobierno elegido con un régimen que elimina las elecciones o reprime sistemáticamente a la oposición. Las diferencias de intensidad, método y contexto histórico son importantes y deben reconocerse. La advertencia anarquista sigue otro camino. Ninguna causa política, por muy legítima que parezca en su origen, es inmune a la tentación de perpetuar su propio poder. Las revoluciones pueden transformarse en regímenes cerrados. Los gobiernos elegidos pueden debilitar, poco a poco, las instituciones encargadas de limitarlos. Por esta razón, la vigilancia frente a la concentración de poder no puede depender de la afinidad ideológica con quienes ocupan el gobierno en un momento dado.
Para la tradición anarquista, la alternativa nunca ha consistido en sustituir a un grupo dirigente por otro considerado moralmente superior. El reto radica en construir formas de organización en las que ninguna institución, partido o liderazgo concentre poder suficiente para decidir, de manera permanente, el destino de toda la sociedad. La libertad deja de depender de la virtud de quienes gobiernan y pasa a recaer en la capacidad de las propias comunidades para participar en las decisiones que afectan a sus vidas. Es esta convicción la que lleva a esta tradición a desconfiar de toda concentración de poder, incluso de aquella que nace prometiendo la liberación. Al fin y al cabo, la historia demuestra, una y otra vez, que una revolución puede perder sus principios mucho antes de perder sus símbolos.
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