Para entender la destrucción del sistema sanitario

Juan Antonio Gómez Liébana

Enfermero, máster en salud pública y licenciado en sociología. Ha participado desde su creación en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y en el activismo sindical

Artículo publicado en Redes Libertarias núm. 5 (primavera 2026)

De la creación y desmantelamiento de los Servicios Nacionales de Salud

El reguero de noticias relativas al deterioro de la asistencia sanitaria, ya sea en forma de listas de espera, cierre de centros o servicios, déficit de plantillas y otros escándalos varios, ocupan, independientemente del lugar del Estado y desde hace años, titulares en la prensa de toda línea ideológica. Es ampliamente asumida la situación, pero, sin embargo, son muy escasos los análisis que tratan en profundidad las causas y los responsables de ella, algo inaudito ya que llevamos décadas visibilizando estos síntomas.

De entrada, sería importante recordar las razones de la creación de los Servicios Nacionales de Salud (SNS), sistemas que solo existen, desde hace unas pocas décadas, en un puñado de países del Norte, mientras que el resto de países nunca han dispuesto de ellos. En lo que respecta al «mundo occidental», el primer SNS se creó en Nueva Zelanda en 1938. En Europa, el NHS británico fue creado en 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Estado español, tuvimos que esperar casi cuarenta años más, hasta 1986, con la aprobación de la Ley General de Sanidad, que estableció por primera vez un sistema de atención universal. Este retraso explica en parte el escaso desarrollo de nuestro sistema sanitario respecto al resto de países de nuestro entorno.

Los SNS fueron creados por los diferentes Estados en un momento histórico caracterizado, entre otros elementos, por un gran crecimiento económico, altas cotas de apropiación de las riquezas del Sur Global, necesidad de mano de obra y militar sanas, y disponibilidad de combustibles fósiles baratos. Formaron parte de un pacto tácito con los sectores obreros, mediante el cual el capital repartía parte de las plusvalías entre la clase trabajadora, a través de los denominados «Estados de bienestar», a cambio de no cuestionar el sistema.

En el caso del Estado español, la propia Constitución de 1978 estableció la «protección de la salud», no dentro de los Derechos, como fue el caso de los de reunión o educación, sino en un capítulo inferior en importancia, el de «principios rectores de la política social y económica», algo significativo a la luz de lo ocurrido con el sistema sanitario en estas décadas. Con la llegada al poder del PSOE en 1982, este partido se vio obligado a realizar algunas concesiones, en parte como mecanismo de contención, dada la existencia tanto de cierta conflictividad social, como de reductos del movimiento obrero autónomo que no habían aceptado los Pactos de la Moncloa de 1977, que tanto el sindicalismo institucional, como las incipientes federaciones de vecinos aún no habían logrado domesticar. En este contexto debemos entender, entre otros, los planes contra el chabolismo para el realojamiento de la población marginal en las periferias de las grandes ciudades, la construcción de infraestructuras educativas para sustituir los «barracones», y la propia promulgación de la Ley General de Sanidad (LGS) en 1986.

La LGS vino a instaurar la atención universal y la implementación del modelo de atención primaria, que en los años siguientes se fue extendiendo, con muchas dificultades y en muchos lugares producto de movilizaciones vecinales. Sin embargo, en sus primeros borradores incluía elementos progresistas que fueron suprimidos en el texto definitivo, como la creación de un sistema estatal de farmacia, o la atención bucodental y mental integrales. El que iba a ser ministro de sanidad en el primer gobierno del
PSOE, Ciriaco de Vicente se cayó de las quinielas por presiones de la industria farmacéutica.¹ En paralelo, el sindicato médico CESM y la Organización Médica Colegial se posicionaron en contra y trataron por todos los medios de presionar para impedir el establecimiento de sistema de incompatibilidades con la sanidad privada. Exactamente en la misma línea que se habían situado las potentes corporaciones médicas en 1948 en Gran Bretaña y que tan bien retrata Ken Loach en su película El espíritu del 45.²

Así, tras catorce borradores y muchísimas presiones, tras pasar por el quirófano parlamentario y ser amputadas sus propuestas más progresistas, finalmente la LGS fue aprobada, con el voto en contra de Alianza Popular, a la vez que se incluían en ella artículos que iban a permitir a partir de ese momento la parasitación del SNS por el sector privado. Así, el artículo 67 (convenios singulares), justificado para ofrecer provisionalmente asistencia sanitaria a través de hospitales privados mientras se construyeran los centros públicos en aquellas localidades donde no existían recursos estatales, va a perpetuarse hasta nuestros días.³ Por su parte, el artículo 90 (conciertos), pensado para derivar actividad concreta en períodos de sobrecarga del sector estatal, va a convertirse en una hemorragia crónica que va a actuar como una bomba de relojería financiera contra los centros de gestión directa, descapitalizándolos. En el lado contrario, artículos progresistas que habían sobrevivido al quirófano, como el 103, que posibilita la dispensación de medicamentos desde los centros sanitarios, apenas han sido utilizados más que a nivel hospitalario para ciertas enfermedades, cuando podría haberse utilizado incluso en atención primaria, realizando compras centralizadas a nivel estatal de los medicamentos más prescritos, dispensándolos desde los centros de salud, reduciendo considerablemente el gasto farmacéutico que ya supone casi el 25 % del gasto sanitario público.⁴

Apenas cinco años después de su aprobación, y bajo el mantra de la «insostenibilidad del sistema», el PSOE cedió a las presiones del sector privado y encargó a un banquero, ex procurador de las cortes franquistas, Fernando Abril Martorell, la puesta en marcha de la «Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud», que salpicada de «expertos» vinculados al sector privado⁵, acabó pariendo el denominado «Informe Abril», que afirmaba un «agotamiento del sistema sanitario» y recomendaba la aplicación de estrategias de gestión privadas para insuflar vida al sistema. El citado informe fue presentado al Congreso mientras recibía críticas desde la calle y dentro del contexto de las huelgas generales de 1991 y 1992, ante lo cual, el gobierno aparentemente lo relegó al olvido. Nada más lejos de la realidad, ya que los intereses del capital maniobraron para que unos años después se aprobara, con los votos de PSOE, PP y los partidos nacionalistas, la Ley 15/97 «sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud», norma básica estatal, que no aporta nada nuevo, aunque su título así lo afirme, ya que simplemente abre el sistema a la gestión privada y al lucro. La propia Federación de Sanidad de CCOO apoyó el consenso parlamentario alcanzado, ya que según ellos iba a permitir «mejorar y consolidar el SNS»⁶, algo que hay que entender en el contexto de que en aquel momento su secretaria general, promovida al cargo por el infausto José María Fidalgo, era la compañera sentimental de Alberto Nuñez Feijóo, a su vez presidente del Insalud y mano derecha del entonces ministro de sanidad José Manuel Romay Beccaría, cerebro de la ley.⁷

A partir de la entrada en vigor de dicha ley, se va a permitir la transferencia directa de la totalidad de la atención sanitaria de centenares de miles de personas (áreas sanitarias enteras) a empresas con ánimo de lucro, lo que abrió en canal el sistema sanitario al sector privado. Por tanto, en cierto sentido, hemos dispuesto de un sistema que no tuvo tiempo de desarrollarse ya que las olas privatizadoras comenzaron a llegar a los pocos años de su creación.

Situación actual

La extensión de la privatización y el consiguiente deterioro del SNS en estas casi tres décadas permite confirmar que el proceso de destrucción del sistema sanitario no es exclusivamente un asunto de los partidos de derechas. Ellos solos no podrían haber llegado hasta este punto. Es un asunto de Estado, en el que todos los partidos políticos han colaborado. Simplemente se reparten los papeles. Los gobiernos «progresistas» (llevamos desde 2019 tres legislaturas ininterrumpidas de «izquierdas», no lo olvidemos) prometían con la boca pequeña acabar con la privatización sanitaria cuando estaban en la oposición, pero cuando llegan al poder mantienen vigentes las leyes que permiten su destrucción (y la Ley Mordaza, por cierto), y los gobiernos de derechas simplemente hacen lo que la legislación les permite. Nada ilegal desde el punto de vista jurídico, como han determinado desde el TSJ de la Comunidad Valenciana⁸, hasta el propio Tribunal Constitucional⁹, simplemente distribución de tareas. Y prueba de que los partidos de «izquierdas» colaboran en el proceso fueron, por ejemplo, tanto la apertura de hospitales privados en diferentes municipios de Madrid, gobernados en aquel momento por la «izquierda»¹⁰, en colaboración con Esperanza Aguirre; como las 500.000 firmas entregadas en 2009 a Zapatero exigiendo la derogación de la 15/97¹¹; como la Iniciativa Legislativa Popular para la «Recuperación del Sistema Nacional de Salud»¹², que la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lanzó en 2021 y que fue boicoteada¹³ por todos ellos, una auténtica prueba del algodón.

En la actualidad, en un contexto de desindustrialización, incremento continuo de la deuda, desviación del gasto social hacia las crecientes inversiones militares que están escalando brutalmente¹⁴, con un ejército creciente de parados, precariados y excluidos, los países del Norte no precisan mantener estos costosos sistemas de «protección social», y menos garantizar asistencia sanitaria de calidad a estos sectores de población «excedentes», innecesarios para la producción y, en parte, tampoco para el consumo. Por ello, desde hace años está en marcha un proceso perfectamente planificado de deterioro y privatizaciones, que tiene como objetivo inmediato traspasar al sector privado las partes rentables de la asistencia sanitaria, empujar a las cada vez más menguantes «clases medias» hacia los seguros privados¹⁵, y allanar el camino para convertir los SNS en unos sistemas de beneficencia.

El proceso se extiende como mancha de aceite por toda Europa, desde Suecia a Portugal pasando por Italia, Francia o Alemania. Tras más de dos décadas de movilizaciones y gobiernos de todos los colores políticos en todos estos países, la situación es idéntica: recortes en la financiación de los centros de gestión directa, mientras en paralelo se incrementa la sangría de dinero público hacia los centros privados, hasta el punto de que en el Estado español ya el 35 % de las estancias hospitalarias en centros privados son financiadas con fondos públicos, el 31% del total de hospitales vinculados al SNS son privados (un crecimiento en doce años del 37%).¹⁶ No hay un solo caso en ningún país en el que se haya producido una marcha atrás en el proceso de privatización, independientemente de qué partido haya gobernado. Pueden cambiar los ritmos, nunca la dirección.

Si los SNS ya no son capaces de garantizar atención sanitaria de calidad a toda la población ¿hay alternativas?

Reconociendo que los SNS fueron creados sin dotarles de mecanismos reales de participación que pudieran democratizar su gestión; que nunca han podido desarrollar instrumentos de promoción de la salud y medicina preventiva por su colisión con los intereses del capital; que parte de su actividad responde más a intereses económicos del complejo médico-industrial que a intereses sanitarios; que caminan hacia su conversión en sistemas de beneficencia… no es menos cierto que la evidencia demuestra tasas de mortalidad superiores¹⁷ ¹⁸ cuando la población es atendida en centros privados en lugar de en centros sin ánimo de lucro, por lo que no parece lógico renunciar sin más a los SNS, sino debatir qué partes son ineficientes, cómo podríamos descentralizarlos y democratizarlos, cómo actuar contra los «productores de enfermedad», y lo fundamental, eliminar el lucro y cualquier interés externo al bienestar general.

La situación actual, cuando ya es evidente el giro dado por el Estado hacia el incremento del gasto hacia el aparato militar y el control social, se va a producir un agravamiento del déficit, con el previsible recorte de los recursos dedicados a la gestión directa de todo lo relacionado con la asistencia social. Sin embargo, el Estado tiene que calibrar el gasto social para mantener ciertos niveles de asistencia de la población proletarizada, que permitan garantizar cierta estabilidad social, evitando exclusiones masivas del acceso a la atención sanitaria, como ocurrió en Grecia en 2012 y que dieron lugar a estallidos sociales y autoorganización de la propia población para garantizarse unos niveles mínimos de asistencia¹⁹, dos situaciones que los Estados necesitan evitar a toda costa. Se trataría en cierto sentido de aplicar medidas que rememoran al «síndrome de la rana hervida».

Ante esta situación es importante responder a las propuestas de una supuesta unidad de acción por parte de los sectores de la «izquierda del capital», sectores que, aunque dicen defender la sanidad pública, promueven las pólizas privadas entre sus afiliados.²⁰ ¿Unidad para qué? Porque insistir en dirigir movilizaciones de la población con mensajes vacíos de contenido del tipo «la sanidad no se vende, se defiende», que sustituyeron a los más radicales «PSOE, PP la misma mierda es»; «Derogación 15/97 y rescate de lo privatizado» o «El PP privatiza, el PSOE autoriza» ―que guiaban las movilizaciones previas al nacimiento de la primera marea blanca en 2012, de la mano de Mónica García (nacimiento tardío, cuando ya estaba privatizada gran parte de la red en varias CCAA)―, juegan en el fondo a desviar la atención de las causas reales del proceso y solo sirven para consolidarlo.

Tampoco las propuestas de más inversión, en las que coinciden la «izquierda del capital» y la patronal del sector, van a solucionar el problema ya que, con la normativa actual, cualquier incremento en la financiación sanitaria acabará en los bolsillos del sector privado. Tampoco «más Estado» como defienden los mismos sectores, ya que ello se concreta, como estamos viendo, en más gasto militar, más beneficios para la banca y las eléctricas, más incremento de la desigualdad social, más reforzamiento de sectores innecesarios, más nocividades, en definitiva, más crecimiento y huida hacia delante en un planeta con límites biofísicos perfectamente conocidos.

En el Estado español ya el 35 % de las estancias hospitalarias en centros privados son financiadas con fondos públicos, y el 31% del total de hospitales vinculados al SNS son privados

Sin embargo, no debemos renunciar, y es vital, a seguir luchando para que no acaben de desmantelar el sistema sanitario, pero sabiendo que los responsables de su destrucción son todos ellos, por acción o por omisión. Y dado que es evidente que hay que caminar hacia la democratización del sistema, sería conveniente bucear en la historia del movimiento obrero.

Históricamente han existido otros modelos de atención en los que las posibilidades de participación en la gestión por parte de los usuarios eran reales. A finales del siglo XIX y principios del XX, en un contexto de falta de cobertura de necesidades sanitarias mucho peor que el actual, los trabajadores fueron capaces de crear «sociedades de socorros mutuos» o «friendly societies», sobre todo en las zonas más industrializadas de Europa (incluida España) y América del Norte. Por poner un ejemplo, hacia 1920 más de una cuarta parte de los adultos estadounidenses eran miembros de una de estas sociedades fraternales, siendo las cifras aún mayores en Gran Bretaña y Australia. Estas sociedades funcionaban como una especie de compañía de seguros de autoayuda, cubriendo, por lo general, desde el fallecimiento hasta el accidente laboral y la asistencia sanitaria del trabajador y sus allegados. Algunas de ellas eran gestionadas íntegramente por y para mujeres, otras por organizaciones obreras, contando con sistemas de gestión democráticos, y en algún caso con propuestas concretas de medicina social²¹, nada que ver con lo que nos iban a deparar los futuros sistemas estatales de salud.

Para Colin Ward se producía un antagonismo entre la autoayuda de la clase obrera y el estado de bienestar, que resumía así:

“La gran tradición de autoayuda y ayuda mutua de la clase trabajadora fue descartada, no solo por irrelevante, sino como un verdadero impedimento, por los arquitectos políticos y profesionales del estado del bienestar, que aspiraban a una provisión pública universal de todo para todos. La contribución que los beneficiarios tenían que hacer a toda esta generosidad teórica se ignoró por considerarla una simple molestia, aparte, por supuesto, de pagarla. La clase trabajadora del siglo XIX, que vivía por debajo del umbral impositivo, se gravaba a sí misma con unos céntimos cada semana para el mantenimiento de sus innumerables sociedades de socorro mutuo. La clase trabajadora del siglo XX, además de las supuestas cotizaciones a la «Seguridad Social», paga un tercio de sus ingresos para mantener al Estado, sin contar los impuestos indirectos. El ideal socialista se reescribió como un mundo en el que todo el mundo tenía derecho a todo, pero en el que nadie, excepto los proveedores, tenía voz ni voto sobre nada. Hoy, con la reacción contra el bienestar social, estamos aprendiendo lo vulnerable que era esa utopía”.²²

Como es lógico, tanto el sector médico corporativista, como el Estado, nunca vieron con buenos ojos estos sistemas, ya que promovían la autonomía obrera, y permitían una gestión cercana, así como su control económico, por lo que se centraron en destruirlos o absorberlos y vaciarlos de cualquier mecanismo de gestión democrática.

Por tanto, en un futuro de agravamiento de la crisis social, con incrementos de la expulsión del acceso real a la asistencia de cada vez más sectores sociales, deberíamos abrir un debate sobre las posibilidades de gestionar partes del sistema sanitario, u otros dispositivos que se creen específicamente. En este sentido, debemos de recuperar la historia de los explotados y los excluidos, y reivindicar que, si ellos fueron capaces, en el siglo pasado, de articular experiencias de atención sanitaria al margen del Estado, gestionadas democráticamente como hemos apuntado más arriba, también lo fueron más recientemente en un contexto cercano al nuestro. Así cuando el Estado griego en 2012 redujo drásticamente el acceso a la asistencia sanitaria a casi una cuarta parte de la población, fueron capaces de organizarse para enfrentar el problema con éxito, apoyándose fundamentalmente en el trabajo voluntario de centenares de profesionales que se volcaron para garantizar la atención que el Estado se negaba a ofrecer. Es en esos momentos cuando la solidaridad y el apoyo mutuo hacen acto de presencia. Lo que es indiscutible, a la luz de la historia, es que la única posibilidad de lograr un sistema sanitario que atienda a todas las personas adecuadamente y actúe contra los determinantes sociales, económicos y medioambientales del proceso salud-enfermedad, en lugar de servir a los intereses del mercado, pasa por su democratización real y la mayor descentralización posible para que la población se implique en su gestión y en la actuación contra dichos determinantes.