Consternadxs por la muerte de Ander, ofrecemos una síntesis de la información disponible a día de hoy gracias al trabajo de la plataforma Justizia Anderrentzat. La sociedad civil movilizada por esta barbarie es ejemplo a seguir.
Ander Sáenz Tortajada, vecino de Santurtzi de 30 años, falleció el 24 de junio de 2026 en el Hospital de Cruces, dos días después de haber sido reducido por agentes de la Policía Local de Santurtzi que emplearon dispositivos táser. La intervención policial del 22 de junio y las circunstancias posteriores a ella constituyen el núcleo del caso que, desde entonces, están tratando de esclarecer su familia, la plataforma ciudadana Justizia Anderrentzat y las investigaciones abiertas.
Desde los primeros días, la familia de Ander manifestó públicamente que no consideraba suficientes las explicaciones que se les había dado por parte de la policía y el ayuntamiento. Sus padres, Fernando y Ana Isabel, reclamaron que se investigara hasta el final qué había ocurrido durante la intervención policial y qué había sucedido posteriormente. Fernando explicó que las primeras informaciones que recibió en el hospital no le permitían entender lo ocurrido y que existían elementos que no encajaban con las explicaciones que posteriormente conoció a través de los medios. En una entrevista publicada pocos días después de la muerte, resumió esa sensación diciendo: “A mí algo me chirría”. También reclamó al Ayuntamiento que fuera “honesto” con la familia.
La familia ha insistido especialmente en que Ander no era una persona ajena a los servicios policiales. Según explicó su padre, padecía un problema de salud mental, en ocasiones sufría episodios de desorientación o paranoia y, cuando eso ocurría, recurría precisamente a la Policía Local para pedir ayuda. Fernando Sáenz explicó que su hijo había llamado anteriormente a los agentes, se había dirigido a ellos en la calle y confiaba en que pudieran ayudarle. Para la familia, este antecedente resulta especialmente relevante porque plantea la cuestión de cómo debía abordarse una situación de crisis de una persona que acudía o recurría a la Policía precisamente buscando ayuda.
Uno de los elementos que más dolor y desconcierto provocó en la familia fue que, según declaró el padre, no tuvieron conocimiento del uso de la pistola táser hasta varios días después de la intervención. Fernando Sáenz manifestó que la familia conoció la existencia de la intervención policial y del táser a través de informaciones posteriores y no mediante una explicación completa recibida inmediatamente después de los hechos. Esa circunstancia reforzó su percepción de que existían aspectos fundamentales de lo ocurrido que todavía no habían sido aclarados.
En paralelo, familiares, amigos y vecinos comenzaron a recopilar testimonios sobre lo ocurrido. El 10 de julio se presentó públicamente Justizia Anderrentzat, una plataforma formada por vecinos y colectivos de Santurtzi que asumió como objetivo recopilar pruebas, imágenes y testimonios que permitieran reconstruir la intervención y exigir responsabilidades. En aquella presentación, una amiga de Ander, Nerea, leyó un comunicado elaborado en nombre de familiares y allegados. En él se reclamaba “poner encima de la mesa la verdad sobre la muerte de Ander” y depurar las responsabilidades que pudieran existir en los ámbitos “policial, político y mediático”.
Ese primer comunicado tenía además un componente importante de reivindicación de la memoria de Ander. La familia y sus amigos rechazaban la imagen que, según ellos, se había trasladado públicamente de él. Nerea lo describió como una persona “cercana, cariñosa, divertida, amable, educada y respetuosa” y negó que fuera una persona conflictiva o violenta, como ha intentado transmitirse desde el cuerpo de policía. La defensa de su imagen personal se ha convertido desde entonces en uno de los elementos constantes de las intervenciones públicas de la familia y de la plataforma. No obstante, si se hubiera tratado de alguien muy alterado y violento, eso justificaría jamás lo que sucedió. Desgraciadamente, el caso de Ander no es inusual, la violencia policial contra personas que sufren psíquicamente es mucho más habitual de lo que pudiera pensarse. La lucha emprendida por este asesinato tiene la potencia no solo de visibilizar dicha violencia, sino de articular una respuesta colectiva que acabe con su normalización.
La familia sostiene que, desde las primeras informaciones, se produjo una criminalización de Ander que no correspondía con quién era. En las movilizaciones se han utilizado mensajes como “Ander no era un peligro: era una persona en crisis”, “Cuando alguien pide ayuda, el deber es cuidar, no agredir” y “Un brote no es un delito, es una llamada de auxilio”. Son planteamientos de la familia y de la plataforma que sitúan el caso también en el debate sobre la respuesta policial ante personas que atraviesan una crisis de salud mental.
La familia decidió además emprender acciones para que el caso se investigara judicialmente. Desde el principio manifestó su intención de que se esclarecieran las circunstancias de la muerte y de aportar los testimonios que pudieran ayudar a reconstruir los hechos. La aparición posterior de material audiovisual reforzó esa estrategia.
El punto de inflexión llegó en septiembre, cuando Justizia Anderrentzat hizo público un vídeo grabado por un vecino en el que se observa parte de la intervención (y que no vamos a reproducir en esta web por la dureza del mismo). Las imágenes muestran a varios agentes participando en la reducción de Ander y permiten observar el empleo de la pistola táser mientras varios policías lo mantienen inmovilizado. La plataforma consideró que la grabación aportaba una perspectiva sustancialmente diferente de la intervención que se había trasladado inicialmente.
La familia y su representación legal consideran que el vídeo es especialmente importante porque permite contrastar las primeras explicaciones oficiales con una evidencia visual independiente. Fernando Sáenz ha sostenido que las imágenes permiten entender mejor cómo se produjo la detención y cuestionan la descripción inicial de una intervención ordenada y proporcionada. En una entrevista posterior afirmó que la realidad que muestran las imágenes es la de una intervención policial violenta.
La abogada de la familia, Irati Agirre, ha insistido también en la importancia de ese material. Antes de la manifestación del 3 de octubre señaló que el procedimiento judicial se encontraba todavía en una fase inicial y que el camino para determinar responsabilidades sería largo. Al mismo tiempo, destacó que la movilización ciudadana había sido fundamental para conseguir que apareciera el vídeo y para mantener la exigencia de esclarecimiento. Según explicó, la grabación había permitido cuestionar la primera versión policial de los hechos.
La aparición del vídeo tuvo también consecuencias institucionales. La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, quien hasta el momento había respaldado férreamente todo lo afirmado por la policía del municipio, reconoció que las imágenes eran duras y “difícilmente justificables” y anunció la solicitud de un nuevo informe sobre la actuación policial. El Ayuntamiento admitió que algunos elementos visibles en las imágenes no habían formado parte de la información que había recibido inicialmente. Carrocera manifestó que, si la investigación determinaba que se habían producido actuaciones irregulares o que determinada información no había sido trasladada correctamente, el Ayuntamiento asumiría las responsabilidades correspondientes.
El 3 de octubre tuvo lugar una gran movilización con más de 10.000 personas (en una población de 46.000 habitantes). Los padres de Ander encabezaron la marcha acompañados por familiares, amigos y miles de vecinos. Los actos finales estuvieron marcados por testimonios sobre el carácter de Ander y por el rechazo a la imagen que, según la familia y sus allegados, se había construido inicialmente sobre él. Un amigo llegó a expresar el compromiso de que no descansarían “hasta que su nombre quede limpio y el culpable pague”.
El mensaje de la familia y de la plataforma puede sintetizarse en tres exigencias: conocer toda la verdad, depurar las responsabilidades que correspondan y limpiar públicamente el nombre de Ander. La familia no reclama únicamente una explicación sobre el momento concreto de la reducción, sino una reconstrucción completa de todo lo ocurrido antes, durante y después de la intervención.
La posición de la familia puede entenderse, por tanto, no solamente como una acusación contra una actuación policial concreta, sino como una reclamación de verdad, transparencia y reparación. Su relato parte de la convicción de que Ander estaba atravesando una situación de crisis y que debía ser tratado como una persona que necesitaba ayuda, no como una amenaza que debía ser sometida mediante una intervención que, según sostienen, fue desproporcionadamente violenta.
Justizia Anderrentzat ha convertido esa reivindicación familiar en una demanda colectiva. La plataforma ha recopilado testimonios, localizado material audiovisual, organizado movilizaciones y reclamado que se investigue tanto la actuación de los agentes como las posibles responsabilidades institucionales. La abogada Irati Agirre ha señalado que el procedimiento judicial está todavía en sus primeras fases y que será necesario tiempo para determinar las responsabilidades penales y policiales que pudieran existir.
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