Memoria histórica: una tímida aproximación al estado de la cuestión

Enrique Gómez Arnas

Para empezar analicemos varios conceptos: la Memoria Histórica no es una tendencia historiográfica, es un movimiento ciudadano que pretende subsanar las carencias obvias del aparato gubernamental en la cuestión del tratamiento del pasado traumático reciente en la historia de nuestro país y sus consecuencias, especificando en las que tuvo para cada ciudadano o ciudadana en particular.

Sobre el tema definitorio yo preferiría llamarlo Memoria Antifascista, pues es el lema y el objetivo que unió coyunturalmente a un espectro político que se movía desde la derecha, auténticamente republicana, hasta el anarquismo, que no creía en la república burguesa.

Había un enemigo común, estaba claro quién era. Incluso los congresos, de todo tipo de colectivos artísticos, feministas u obreros, siempre usaban esa denominación, de ahí que yo la prefiera, y me parezca más exacta, dicha denominación.

Lo digo, sobre todo, por las controversias que, al respecto, todos conocemos.

La Memoria Ampliada: también es un tema que me interesa mucho. Profundizar en las raíces de la lucha obrera que estudiamos durante la época prebélica, la guerra y el antifranquismo y, aunque la memoria histórica o democrática atañe hoy por ley al periodo que va de 1936 a 1982, algunos insistimos en trascender esos límites temporales para tener una visión más completa de esos fenómenos de lucha obrera.

La cuestión territorial

Otro factor importante a tener en cuenta es la cuestión territorial. Aunque los hechos revisados se produjeron en un ámbito estatal, la división territorial autonómica posterior ha producido unos efectos devastadores para el trabajo memorialista. Infinidad de normas y leyes diferentes que nos dificultan o impiden el trabajo. Fronteras territoriales infranqueables para asociaciones necesariamente localizadas en un territorio. Eso crea grandes dificultades en el trabajo que apenas se puede subsanar con organizaciones que sí, al menos, realizan exhumaciones por todo el Estado. Es un motivo más para exigir que ese Estado tome cartas en el asunto coordinando un trabajo que cojea sensiblemente por estas circunstancias.

Verdaderas leyes memorialistas y sus políticas de aplicación. Hoy en día tenemos una ley de 2022 más completa claramente que la de 2007. Pero, una vez más, se ha obviado cuál es la raíz del problema. El Estado no se ha tomado nunca en serio el problema memorialista usándolo siempre de manera transaccional. Es evidente, por la continua oposición del PSOE a derogar total parcialmente la ley de Amnistía de 1977, que las víctimas del franquismo fueron moneda de cambio durante la transición. Hoy, 50 años después, este tema sigue siendo materia tabú, de ahí que nunca se haya planteado ningún gobierno de este Estado hacer verdaderas políticas de memoria.

Derecho a la Justicia

El derecho a la Justicia de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, en este país, les ha sido denegado de forma reiterada y sistemática a pesar de las exigencias, incluso, de las Naciones Unidas. La ley de “punto final”, a pesar de las flamantes fiscalías ahora existentes, sigue siendo un muro para cualquier apertura de investigaciones.

Como otros países regidos por un tiempo más o menos largo por regímenes dictatoriales, investigar las violaciones de derechos humanos durante los mismos, ha sido una labor fundamental, en todas las recuperadas democracias… excepto en España. Derogar las leyes de “punto final” y de “obediencia debida” es el primer paso, y nunca se ha hecho aquí.

El segundo paso: condenar, en sede parlamentaria, el régimen anterior, con las consecuencias jurídico-legales que acarrearía, tampoco se ha hecho en España.

Crear un grupo de expertos que analicen caso por caso, creando un Libro Blanco, con la ayuda la sociedad y buceando en archivos, documentos y testimonios orales, las violaciones de los derechos humanos durante esa dictadura, llegando a conclusiones que sustentarían una base para un cuerpo legal que subsanara, en lo posible, las consecuencias de esos actos de lesa humanidad, nada de eso ha sido hecho tampoco. Crear órganos de atención a las víctimas y sus familiares, dando razón, con todos los elementos que para ello maneja el Estado, del paradero y vicisitudes de los y las ciudadanos afectados por esas violaciones de derechos humanos, cuestión claramente pendiente.

Nunca el Estado en nuestro país se ha tomado en serio el realizar esas políticas memorialistas. Se ha olvidado de aquellas personas que perdieron la vida luchando por un mundo mejor y por la restauración de la democracia. Gentes que creían en la democracia y que disfrutaban de sus recién ganados derechos y libertades y que cuando recibieron un tiro de nuca no se les ocurrió pensar, en ese último momento, que la democracia que finalmente acabaría volviendo se iba a olvidar de ellos para siempre, y que no tendrían ningún empacho en dejarlos en una cuneta permanentemente. Les hubiera parecido una perspectiva demasiado injusta para morir pensando en ella.

Hoy, los herederos declarados de los asesinos de la guerra y la dictadura se amparan en su legitimidad democrática, que ironía, para destruir lo poco, poquísimo, que frente a la magnitud de la cuestión se ha hecho para resarcir mínimamente a esas de las mismas personas que debían de ser ejemplo para todos los demócratas y no ser unos molestos fantasmas para muchos de ellos.

En conclusión, seguiremos buscando verdad, justicia y reparación, para tener si eso es posible, las máximas garantías de no repetición.

Hoy, por desgracia, parece que quieres nos empecinamos en recordar estas cosas tan desagradables, estamos más de actualidad que nunca en estos últimos años, por razones evidentes. Seguiremos luchando contra la amnesia nacional.

No es pasado, es que recordar y recuperar a esa ciudadanía masacrada hace que nos vaya, quizás, el futuro en ello.